Multas millonarias a distintas agrupaciones por manifestaciones

Sindicatos y agrupaciones políticas enfrentan multas millonarias que oscilan entre 40 y 70 millones de pesos debido al operativo desplegado durante las protestas del 20 y 27 de diciembre en rechazo al gobierno y a las medidas tomadas, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado en la última fecha.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha confirmado la presentación de una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, a través de un comunicado, expresó que las multas constituyen “un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos”.

El presidente Milei no dudó en señalar al líder de Camioneros, Pablo Moyano, como uno de los responsables, aludiendo a la planificación del plan de lucha para el 24 de enero. “Aquí están los enemigos de la reforma”, afirmó el mandatario en respuesta a las declaraciones del dirigente sindical, subrayando las diferencias en torno al cambio y los supuestos privilegios que se pretenden mantener.

En sus redes sociales, Milei agregó: “Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quién está a favor del cambio y quién está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios.”

Pablo Moyano, a su vez, declaró que el objetivo es “derrocar el DNU y la ley ómnibus, y realizar una gran movilización el 24”, marcando el primer paro general de la CGT en menos de dos meses de gobierno.

Desde el Polo Obrero, se apuntó directamente a la ministra de Seguridad, quien, según su protocolo antipiquete, había adelantado medidas de este tipo contra las manifestaciones. Calificando los hechos como un “ataque” a la libertad de expresión, Eduardo Belliboni afirmó que se trata de un intento de “amordazar la protesta popular ante un ajuste sin precedentes que llega hasta eliminar la comida de los comedores populares”.

Agustín Lecchi, secretario general de SIPREBA, también criticó a la ministra de Seguridad, repudiando el hecho como “inédito en 40 años de democracia” y destacando que atenta contra la Constitución Nacional. “Vamos a seguir en las calles defendiendo todos los derechos”, concluyó Lecchi.

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