El Gobierno provincial pasó de la noche a la mañana de presumir sobre lo bien administrada que está la provincia a buscar declararse en emergencia, así, sin término medio.
Pasó de hablar de los millones de dólares de la minería a pedir que se ahorre en viáticos.
Pasó de nombrar centenares de amigos y parientes con índices a proponer retiros voluntarios en la administración pública.
La falta de rumbo político, con legisladores nacionales que condenan las políticas nacionales y un gobernador que se desespera por firmar el Pacto de Mayo, ahora también se ve en el manejo económico, con una bipolaridad de riqueza-pobreza que parece un discurso de locos.
La oposición está que arde. Dice que la emergencia es una jugarreta para que no se pueda obligar al Estado a hacer determinados pagos, por ejemplo, si prosperan los reclamos judiciales por las liquidaciones de sueldos mal hechas.
Otros, como el diputado Tiago Puente, creen que es un sin sentido tratar de achicar la planta de trabajadores, cuando en la provincia hay un funcionario por cada 50 habitantes.
Los desmanejos son cada vez más evidentes y pierden coherencia, por ejemplo cuando se habla de suspender las designaciones de más personal en el Estado, algo que Raúl Jalil viene anunciando como cinco veces y lo dice desde que asumió, pero después firma cientos de decretos nombrando supervisores para pagar favores políticos a ex intendentes, ex ministros y decenas de militantes a sueldo que gustan del buen vivir sin trabajar.
Se habla de la plata que dejó de entrar desde Nación, pero nadie dice claramente cuáles son los plazos fijos, ahorros o reservas que tiene la provincia. Y es dinero público, no es una empresa.
La sospecha es que metiendo pesos y dólares en plazos fijos se pueden hacer lindas diferencias mes a mes, porque se trata de volúmenes muy grandes de dinero, y las cuentas quedan siempre “limpitas” porque se mantiene el mismo número pero no se responde por los dividendos.
¿Por qué pasa esto? Porque no hay control, no controla nadie, la oficina anticorrupción no existe, el Tribunal de Cuentas es un chiste, un organismo dibujado manejado por exministros amigos del gobernador.
Eso no es control, y así cada uno hace lo que quiere, todos hacen la vista gorda, miran para otro lado.
Los organismos de control deben estar en manos de la oposición. La Legislatura es una escribanía, el Poder Judicial una tortuga en muletas preocupada sólo por su propio presupuesto.
Y así no se puede gobernar. La provincia rica que se declara en emergencia por culpa del gobierno que está haciendo bien las cosas. Es un relato del Oficial Gordillo pero sin gracia.
El catucho
