A propósito de los incidentes en Andalgalá, y la versión oficial de la historia, se difundió un trabajo del Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (CITCA -CONICET –UNCA), que bajo el título “¿Vandalismo o estallido social?” analiza y desmenuza el problema de la reacción antiminera.
El trabajo supera el contexto académico para internarse en una visión social más profunda, y llega hasta el hueso del escándalo, viendo mucho más allá del humo de las molotov que se arrojaron sobre los frentes de las empresas extranjeras en la Perla del Oeste.
Aunque recomendamos su lectura completa, dejamos del documento algunas definiciones muy fuertes, que además son irrefutables, y dan en la tecla de lo que se está viviendo en la provincia con total precisión.
Aquí algunos conceptos textuales sin desperdicio:
- “Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá, inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando, en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa. Ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz históricopolítica de su emergencia). Frente a ello, nos parece necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas, para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender lo que ha pasado y lo que nos está pasando”.
- “Con una lógica de “sentido común” se llama a “preservar la paz”, a “respetar las instituciones”, la “propiedad privada”; se presenta a los hechos como actos delictivos; de determinados sujetos individuales e individualizables, cuyas conductas no merecen otro registro y otro trato que las disposiciones del código penal. La verdad, esa interpretación y vía de tratamiento de los hechos, no sólo es insostenible desde un elemental análisis crítico, sino que, además, es políticamente inconducente para abrir paso a las reparaciones y la resolución democrática de las contradicciones que emergieron y se expresaron en la quema de las oficinas de una empresa minera”.
- “Los ojos del poder, tienden a invisibilizar las causas estructurales que engendran la violencia; su reflejo es darles un tratamiento meramente judicial, vía la represión y la penalización”
- “Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold (por lo demás, una empresa que tiene un abultado prontuario de violaciones a los derechos humanos y ambientales, no sólo en el caso del Proyecto Agua Rica donde, por lo menos, se halla infringiendo la Ley Nacional 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares, y haciendo caso omiso de la Ordenanza Municipal 029/16 y la resolución de la Corte Suprema de la Nación ante la Acción de Amparo presentada por vecinxs de Andalgalá, sino también en diferentes países donde tiene operaciones), no dejan de ser una acción política”.
- “Son la expresión colectiva de más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura. Como acontecimiento político, el del sábado, es un acto eminentemente colectivo, social; no se trata de hechos individualizables”
- “Años de indignación y bronca contenidas cargaron las piedras que rompieron esos vidrios. Es una falta a la verdad y a la justicia, acusar a quienes se atrevieron a hacerlo. Porque ellxs -sean quienes sean- no son lxs gestores de la violencia. No son lxs que “desataron” la violencia; apenas reaccionaron ante una violencia sistemática que en los últimos tiempos se hizo asfixiante; insoportable. La reacción ante una opresión que se torna insoportable, eso es precisamente, científicamente, un acto de rebelión popular”
- “Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social”
- “Antes que la paz, en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo primero que violenta la voluntad popular y el gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los ’90, fácticamente, una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos. El marco normativo que rige la minería transnacional en el país ha creado un muro de privilegios para un tipo de explotaciones completamente controlada y dominada por el capital extranjero”
- “Como sector emblemáticamente oligopólico, concentrado y transnacional, este tipo de minería no puede dar lugar a ninguna expectativa razonable de “desarrollo”; mucho menos si lo queremos sustentable, inclusivo, democrático. Su “cadena de valor” es la que nos tiene atados como meros proveedores pasivos de materias primas para el abastecimiento subordinado de la industria mundial”
- “El pueblo de Andalgalá está de pie y se viene manifestando desde hace años, con ejemplar perseverancia en ya 587 caminatas semanales, contra ese perverso “destino minero”. Si hay algo que está claro en este mar de confusiones y de contaminación ideológica, es que la minería transnacional no tiene licencia social en Andalgalá, así como probablemente también, en muchos otros pueblos, localidades, departamentos y franjas sociales de la provincia”
- “No ha habido, en general, un proceso serio de información veraz y consulta democrática a la población sobre si estaría dispuesta a aceptar y asumir los impactos y consecuencias de este modelo. Desde una perspectiva histórica y científicamente informada, comprometida políticamente con los intereses mayoritarios de nuestro pueblo, no podemos dejar de denunciar la violencia primera que significa este tipo de explotaciones”
Más claro échenle agua… pero en lo posible que no sea agua contaminada.
