Se podría decir que las empresas de telecomunicaciones pasaron sus últimas horas en medio de lecturas y estudio. Desde el viernes, todas han movilizado a sus equipos legales para establecer cuál será la estrategia de defensa.Y según lo que comentaron por lo bajo, todas analizan judicializar la medida que convirtió en servicio público esencial las prestaciones de internet, telefonía celular y televisión paga.
Los caminos son varios. Por un lado, la inconstitucionalidad del decreto. Esa vía, reconocen en una de las empresas, podría ser una alternativa. El punto es que el decreto de necesidad y urgencia tiene algunos problemas de legalidad, ya que de esta manera se legisla cuando el Congreso no está en sesiones ordinarias . Por estas horas, las cámaras de Diputados y Senadores funcionan. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández, dicen en una de las compañías, “usó la lapicera cuando debería haber recurrido al Congreso”.
En el otro extremo hay otras alternativas. Las empresas extranjeras empezaron a mirar hacia el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés) como la puerta a tocar para reclamar. La cuenta que hacen en las compañías tiene que ver con el abrupto cambio regulatorio. Cambiar las reglas de juego, opinan, de un mercado tan intervenido como las telecomunicaciones podría ser expropiatorio. No descartan que alguna presente una denuncia allá.
Pero claro, no hay apuro, sostienen. Lo que pasé con la Comisión Bicameral hoy y la reglamentación del decreto, que no tiene fecha, será lo que entregue todas las herramientas. A unos y a otros.
