El Gobierno logró bloquear en el Congreso este miércoles el intento de la oposición de ajustar los gastos y salarios universitarios de acuerdo con la inflación. Aunque fue una victoria política, el conflicto con la comunidad educativa aún no está cerrado, y se prevén más disputas en torno al debate por el Presupuesto 2025.
El plan económico para el próximo año estima una inflación anual del 18,3%, un crecimiento del 5% del PBI, superávit primario y equilibrio financiero. Sin embargo, pese a las proyecciones macroeconómicas favorables, la Casa Rosada anticipa una caída del 0,3% en la asignación para Educación y Cultura, así como una reducción del 4,5% en el financiamiento de las universidades.
El artículo 27 del proyecto establece, en virtud de la emergencia dictada en la Ley Bases, que se suspenderá el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Esta normativa estipula que el Estado debe garantizar una inversión consolidada (nación, provincias y CABA) de al menos el 6% del PBI en educación.
Durante la primera reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue consultado varias veces por diputados opositores sobre este punto, reconociendo que el Gobierno no podrá cumplir con ese mínimo. “No podríamos cumplir con todas esas normas dada la situación de restricción fiscal. Desde el Estado Nacional no estamos en condiciones de cumplir con esas obligaciones”, afirmó Guberman, también refiriéndose a la normativa que garantiza el financiamiento para ciencia y tecnología.
De igual forma, los fondos destinados a infraestructura y equipamiento en la Secretaría de Educación sufrirían una reducción real del 23,4% en 2025.
En cuanto a las universidades nacionales, el Gobierno planea asignar $3,8 billones, una cifra que apenas alcanza la mitad de los $7,2 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según los rectores, esta brecha se debe a que el Gobierno no contempla la recuperación salarial necesaria, ni siquiera frente a la inflación proyectada del 18%.
“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron tan lejos de lo que el Gobierno presentó al Congreso. Ha quedado claro que no es un problema de recursos, sino de prioridades”, expresaron los rectores en un comunicado.
Además, el artículo 17 del proyecto estipula que las universidades nacionales deberán proporcionar a la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para evaluar el uso de los recursos. En caso de incumplimiento, el ministerio podrá suspender las transferencias de fondos. Desde la oposición, consideran que esta medida podría utilizarse como herramienta de presión en conflictos, como ya ha sucedido en el pasado.
El radicalismo advirtió que la suspensión de fondos plantea un riesgo para el funcionamiento de las universidades, que dependen de transferencias regulares. También señalaron que la eliminación de la obligación de destinar el 6% del PBI a educación afectará a largo plazo la calidad del sistema educativo y el principio de igualdad de oportunidades.
En las negociaciones, sectores opositores proponen aumentar los fondos destinados a educación mediante recortes en el gasto tributario, manteniendo el equilibrio fiscal que el oficialismo defiende como pilar de su plan económico.
El gasto tributario incluye los recursos que el Estado deja de percibir por exenciones fiscales, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y los beneficios a las empresas tecnológicas. La oposición sostiene que es necesario un ajuste en estos sectores para liberar fondos para la educación.
“El recorte a las universidades es de $7,2 billones, pero el Gobierno quiere asignarles $3,8 billones. Debería encontrarse un punto intermedio”, reflexionó un dirigente del radicalismo involucrado en las negociaciones.
Otros sectores opositores analizan presentar una propuesta que incluya aumentos tanto para educación como para jubilados y provincias, compensados por recortes en el gasto tributario. “Deberíamos respetar al menos el promedio histórico en educación y buscar recuperar lo perdido en 2024, aunque sabemos que eso será más difícil”, indicaron desde el bloque Encuentro Federal.
Por su parte, el peronismo ha insistido en que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente ante el Congreso para explicar su plan económico y ya adelantaron que buscarán eliminar el artículo 27, que remueve el mínimo de inversión del 6% del PBI en educación.
El debate continuará el próximo martes con la participación de Patricia Bullrich, cuya cartera de seguridad es una de las pocas que verá un aumento en sus fondos, y Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini, titular de la Anses.