Por Federico Ruiz Martínez
Una familia con recursos puede pagar clases de apoyo cuando la escuela falla, comprar una computadora y sostener económicamente a un hijo mientras estudia. Puede consultar a un especialista ante una dificultad de aprendizaje, pagar un traslado a otra ciudad y ofrecer un lugar tranquilo para leer. Para una familia pobre, cualquiera de esas necesidades puede convertirse en una barrera que interrumpa la educación de sus hijos.
Esa diferencia debería ocupar el centro de la discusión educativa argentina. Cuando el sistema deja en manos de cada hogar la solución de los problemas de aprendizaje y el sostenimiento de los estudios, las posibilidades de avanzar quedan condicionadas por los recursos familiares. La desigualdad de origen acompaña al estudiante durante años y termina influyendo en sus posibilidades de trabajar, elegir una profesión o desarrollar una vocación.
La educación pública forma parte de nuestra historia y de nuestras mejores aspiraciones colectivas. Generaciones de argentinos encontraron en ella una posibilidad de mejorar sus vidas. Ese legado compromete a examinar si hoy estamos cumpliendo su función igualadora. Para responder hay que mirar especialmente qué les sucede a los chicos de los sectores populares, qué aprenden, hasta dónde llegan y por qué abandonan.
El recorrido comienza en la primera infancia. Un chico llega al preescolar con las condiciones de vida que le tocaron desde su nacimiento. La alimentación, la salud, la vivienda, las posibilidades de juego y el tiempo que los adultos pudieron dedicarle forman parte de su experiencia. Hay hogares donde alguien puede leerle un cuento, conversar con él y acompañar sus primeras preguntas. Hay otros donde la urgencia de conseguir el sustento consume el día entero. Las familias hacen lo que pueden con los recursos que tienen, y esas diferencias llegan con sus hijos a la escuela.
Por eso el preescolar tiene una responsabilidad igualadora decisiva. Allí deben comenzar la enseñanza y el acompañamiento que permitan ampliar el lenguaje, familiarizarse con los libros y prepararse para aprender a leer y escribir. También deben advertirse las dificultades que requieren atención profesional y asegurarse las condiciones de alimentación y cuidado necesarias para aprender. Cada problema que queda sin atender durante esos años puede acompañar al chico en el tramo siguiente.
Cuando el primario lo recibe, ese alumno puede venir ya golpeado por privaciones que el sistema todavía no consiguió compensar. Necesita que la escuela conozca su recorrido, identifique qué aprendió y disponga de medios para enseñarle lo que le falta. Si todos empiezan con las mismas exigencias y reciben la misma ayuda, quienes llegan con mayores dificultades quedan expuestos a rezagarse desde el primer grado.
La familia con recursos puede buscar apoyo particular. La familia pobre depende mucho más de que la propia escuela encuentre una respuesta. Allí se pone a prueba la función igualadora de la educación. Si el acompañamiento depende del bolsillo del hogar, la ventaja familiar se transforma en ventaja escolar y la privación se convierte en una dificultad educativa cada vez mayor.
Durante demasiado tiempo hemos discutido los niveles de enseñanza como asuntos separados. El primario recibe al alumno del preescolar y debe hacerse cargo de lo que todavía necesita aprender. El secundario recibe al egresado de la primaria y encuentra dificultades que quizás se arrastran desde los primeros años. La universidad exige capacidades que el título secundario debía acreditar. Entre una etapa y otra, el estudiante carga con las consecuencias de lo que el sistema dejó pendiente.
Necesitamos pensar la educación nacional como un proceso completo, desde el preescolar hasta la universidad y la investigación, acompañado por políticas de primera infancia que permitan llegar a la escuela en mejores condiciones. Su unidad está en la persona que aprende. Cada nivel debe conocer el recorrido anterior, asegurar los aprendizajes necesarios para continuar y brindar ayuda mientras las dificultades todavía pueden resolverse.
Un chico que avanza de grado sin comprender lo que lee encuentra obstáculos cada vez mayores. Promoverlo sin enseñarle lo necesario posterga el problema y lo vuelve más doloroso. Años después, cuando abandona el secundario o fracasa en el primer año universitario, aparece como responsable individual de una trayectoria que las instituciones fueron aprobando. Un certificado tiene valor cuando acredita conocimientos y capacidades que permiten dar el siguiente paso.
La prioridad debe estar en enseñar y acompañar a tiempo. Eso requiere docentes preparados, condiciones adecuadas de trabajo y equipos profesionales que puedan intervenir ante dificultades pedagógicas, familiares, sociales o de salud. Un maestro puede advertir que un alumno tiene hambre, falta reiteradamente o necesita atención especializada. Para responder necesita una organización que lo respalde.
Un cuerpo de asistencia educativa, integrado por profesionales y tutores con presencia efectiva en las escuelas y mayor intensidad en las zonas vulnerables, permitiría sostener ese acompañamiento. Su tarea debería comenzar con la detección temprana de obstáculos y continuar con respuestas concretas para el alumno, su familia y sus docentes. La ayuda tiene que llegar antes de que las dificultades desemboquen en una interrupción de los estudios.
Este mismo criterio obliga a revisar cómo entendemos la gratuidad universitaria. Para quien tiene asegurados el alojamiento, la alimentación y los gastos cotidianos, una universidad sin arancel representa una oportunidad que puede aprovechar dedicándose a estudiar. Para quien necesita trabajar para subsistir o contribuir al ingreso familiar, esa oportunidad viene acompañada de una exigencia que puede resultar imposible de sostener.
Estudiar tiene un costo aunque la inscripción sea gratuita. Hay que comer, trasladarse, comprar materiales y disponer de tiempo. También hay que afrontar el ingreso que se deja de percibir cuando se destinan horas al estudio. Una familia de mayores recursos puede absorber ese esfuerzo. En una familia pobre, la ausencia de ese ingreso puede comprometer la subsistencia de todos.
Por eso, proclamar la gratuidad para todos resulta insuficiente como política de igualdad. Una prestación formalmente igual produce efectos muy distintos cuando sus destinatarios parten de situaciones profundamente desiguales. Si el Estado paga la enseñanza, pero deja sin resolver las condiciones que permiten cursarla, quienes ya tienen mayores ventajas quedan mejor ubicados para aprovechar el esfuerzo de toda la sociedad.
Una gratuidad concebida con ese alcance limitado puede terminar favoreciendo especialmente a los sectores medios y altos, mientras los jóvenes más pobres abandonan por necesidad económica. El sistema conserva su discurso igualador y reproduce, en sus resultados, las diferencias de origen. Allí la educación empieza a actuar en contra de la finalidad que justifica el esfuerzo público.
La prioridad distributiva debe ser explícita. Quien carece de recursos necesita gratuidad, preparación académica, tutorías y un subsidio de sostenimiento suficiente para vivir mientras estudia. Necesita equipamiento, conectividad y, cuando la distancia lo exige, soluciones de transporte o alojamiento. La ayuda debe acompañar un progreso académico razonable, con asistencia oportuna cuando aparezcan dificultades.
Eso cuesta más por cada estudiante que necesita ese respaldo. Una política comprometida con los sectores populares debe asumir ese costo y darle prioridad presupuestaria. La posibilidad de que un joven estudie y se reciba depende de que el esfuerzo público alcance también a su vida cotidiana.
En ese marco, propongo que quienes tengan capacidad económica realicen una contribución progresiva a su formación universitaria y que quienes carezcan de ella reciban los medios para sostenerla. Esa contribución debe integrarse a un compromiso de mayor inversión educativa, con criterios transparentes y resguardo de la información personal. Su justificación reside en ampliar las oportunidades de quienes hoy encuentran dificultades para aprovecharlas.
La universidad debe participar de esta transformación desde antes del ingreso. Su relación con las escuelas puede contribuir a mejorar la formación docente, identificar dificultades y preparar a los futuros estudiantes. Una vez que los recibe, tiene que ofrecer enseñanza de calidad y acompañamiento, y rendir cuentas sobre el uso de los recursos y las condiciones en que se desarrollan las trayectorias académicas. La autonomía adquiere sentido al servicio de la libertad de enseñar, aprender e investigar, con responsabilidad ante la sociedad que sostiene esas actividades.
El recorrido se prolonga en la investigación. Un joven de origen popular debe poder aspirar también a producir conocimiento. Para eso necesita oportunidades de formación y condiciones materiales que le permitan dedicarse a esa tarea. La continuidad del trabajo científico permite aprovechar la inversión realizada durante años y construir capacidades que el país necesita. También exige comprender que muchas investigaciones requieren tiempo y que sus aplicaciones pueden aparecer mucho después de iniciadas.
En Catamarca, estas cuestiones tienen una expresión concreta en las distancias, las posibilidades de transporte y el costo de trasladarse para estudiar. Para una familia del interior, la continuidad educativa de un hijo puede exigir una mudanza y un segundo hogar. Una política nacional debe reconocer esas diferencias territoriales y dirigir hacia ellas recursos y acompañamiento.
El mandato constitucional de promover la educación, el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades ofrece un fundamento para esa responsabilidad. Su cumplimiento se aprecia en la vida de cada estudiante, cuando aprende lo que necesita, encuentra ayuda frente a una dificultad y dispone de medios para continuar su formación.
La persona debe orientar la organización de la educación nacional. Las instituciones, sus presupuestos y sus reglas tienen que acompañar ese recorrido. Para una familia que vive de su trabajo diario, la promesa educativa empieza a cumplirse cuando su hijo recibe desde el preescolar la atención y la enseñanza que necesita. Y adquiere toda su dimensión cuando puede llegar a la universidad, graduarse e investigar, con una libertad para elegir su futuro que la pobreza, por sí sola, le habría negado.
