En toda gran novela hay, además de la trama central, muchas otras historias laterales que van enriqueciendo el relato, y el desastre de las financieras no podía ser menos. Además de la gigantesca estafa y el reclamo de miles de ahorristas-inversores que quedaron pataleando en la vía mientras otros se hicieron ricos prometiéndoles hacerlos ricos a ellos (dramática novela de intrigas, mentiras, intereses y traiciones), muchas más tragedias, enfrentamientos y sospechas se van tejiendo.
Claro, a ocho meses del comienzo del caos (¡ocho meses! El tiempo pasa volando y las respuestas no llegan), cada vez son más los elementos y protagonistas que se suman, y en los últimos días sobresalió un intercambio público de misivas digno del Siglo XIX.
La contadora y el abogado, en crisis de desamor y desconfianza, despacharon sus cartas para que todos leyeran y sacaran sus conclusiones.
Primero disparó Lucio Miguel Montero, que le apuntó duro a Carolina Bonfanti. Después salió Carolina Bonfanti, que le respondió a Lucio Miguel Montero. Una de suspenso donde todos se quedaron pensando quién dice la verdad.
Repasemos. Dice el abogado (resumido) dirigiéndose a los estafados por RT INVERSIONES SRL intimados por el ARCA: “En los requerimientos se omite referirse al objeto de verificación, no establece el periodo, no identifica los instrumentos, ni tampoco específica el gravamen que reclama ARCA, tratándose de un requerimiento aleatorio, antojadizo e infundado, ya que no se realizan a partir de una base razonable de sospecha por la comisión de alguna infracción tributaria del contribuyente, violando el principio de la autoincriminación coactiva, el cual deriva del derecho de defensa y de la presunción de inocencia ya que el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo, impide al Estado obtener elementos probatorios del contribuyente a quien posteriormente intentará sancionar con fundamento en pruebas colectadas de esa forma (…) el requerimiento de ARCA es contradictorio ya que cuando se presentaron los contratos y/o pagarés para sellar, el organismo recaudador se negó a hacerlo debido a que eran contratos con firma impresa sin valor legal alguno (Art. 313 C.C.yC.) que fueron utilizados en la comisión de delitos. (…) Por otro lado, surge el interrogante de la manera en que ARCA toma conocimiento de las personas que supuestamente poseen contratos con RT INVERSIONES SRL sin hacer referencia al origen de los requerimientos (…) Recién ahora los funcionarios públicos de ARCA pretenden salvar su NEGLIGENCIA e IMPERICIA ya que su ACCIÓN Y/U OMISIÓN DOLOSA queda demostrada en su falta de profesionalidad e idoneidad (…) NO EXISTE NINGÚN INFORME DE AUDITORÍA DE ARCA que haga una sola mención de las mismas, demostrando la NEGLIGENCIA Y COMPLICIDAD de los funcionarios del organismo recaudador con los estafadores. En conclusión los funcionarios de ARCA tenían conocimiento de los ilícitos cometidos por las supuestas financieras (…) Lo expuesto demuestra la responsabilidad directa de los funcionarios públicos de ARCA en la omisión dolosa del cumplimento del Código Tributario de la Provincia de Catamarca generando consecuencias gravísimas en contra de los ahorristas que entregaron su dinero a las supuestas financieras, confiando en que su actividad se encontraba controlada y supervisada por ese organismo provincial”.
A la extensa lista de fundamentos técnicos, Montero la decora con declaraciones en las que muestra el eje de la cuestión: dijo que le llamó mucho la atención que casualmente las personas que recibieron estas notificaciones son las mismas que denunciaron a la contadora Carolina Bonfanti en su momento, imputada en la causa de RT Inversiones, quien habría realizado una presentación para que investiguen a sus denunciantes.
¡Upa!
Y bueno, la contadora retrucó.
“Me veo obligada a aclarar que no me encuentro imputada en la causa iniciada contra RT Inversiones. Que como bien debería saber el Dr. Lucio Montero, se dispuso la falta de mérito mediante resolución del juez Argibay, de fecha 22 de junio de 2022, quedando demostrado que las denuncias fueron totalmente infundadas en relación con los hechos investigados por la Justicia. Con relación a las personas que me denunciaron en forma infundada y a instancia del Dr. Montero, hago saber que los datos de las misma fueron aportados por el propio abogado al realizar la denuncia y obran en el expediente judicial. Desconozco cuáles son las motivaciones del Dr. Montero, pero su accionar me causa un grave perjuicio profesional y moral, cuyo resarcimiento reclamaré por las vías judiciales correspondientes”.
Un cruce tremendo, que le echa dos kilos de pimienta a las causas y, más allá del abogado y la contadora, dirige todas las miradas al ARCA: ¿qué clase de control hacía este superorganismo recaudador, que le cobró a los estafadores sin advertir (¿y avalando?) la gran estafa?
Para esa pregunta, obvio, tampoco hay respuesta por ahora.