La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo contra la reforma laboral que fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. La central sindical pidió que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la norma al considerar que implica un retroceso en derechos laborales protegidos por la Constitución.
La presentación se realizó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, tras el sorteo correspondiente, quedó en manos del Juzgado Contencioso Administrativo N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El magistrado ya había intervenido en 2024 cuando suspendió un decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei.
El amparo lleva la firma del triunvirato que conduce la CGT, junto a dirigentes de distintos sindicatos que integran la central. La decisión de acudir a la Justicia llegó días después de la movilización que la organización realizó hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde reclamó la nulidad de la reforma.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, señaló ante la prensa el cosecretario general Jorge Sola.
En el documento difundido por la central obrera se advierte que la llamada “modernización laboral” implica “una grave afectación de derechos colectivos e individuales”. Según el planteo, la ley vulnera el principio de progresividad o de no regresión, que impide adoptar medidas que representen retrocesos injustificados en materia de derechos laborales.
La CGT también sostuvo que podrían verse afectados principios básicos del derecho del trabajo, especialmente el carácter protector de la legislación laboral, pensado para equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores. En ese sentido, alertó sobre posibles impactos en derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución, como la protección frente al despido arbitrario, la negociación colectiva, el derecho de huelga, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social.
Entre los puntos más cuestionados, la central sindical mencionó la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de horas extras, la quita de sanciones a empleadores que incumplan con aportes o vulneren la normativa laboral y la opción de pagar indemnizaciones por despido en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
