Un proyecto presentado por el kirchnerismo en la Cámara de Diputados propone crear el llamado “Impuesto Patria”, que sería cobrado a aquellas personas con patrimonios desde los $10 millones o con “rentabilidad” de más de $50 millones, el cual sería destinado a fortalecer los recursos frente a las consecuencias de la crisis producida por la cuarentena dictada a raíz de la pandemia por el coronavirus.
No es el único sector que lo impulsa, por lo que podría haber una negociación para unificar iniciativas.
El proyecto que comenzó a circular desde anoche es del Frente de Todos y se destacan las firmas de los diputados sindicalistas Hugo Yasky y Facundo Moyano. La iniciativa introduce cambios en los impuestos a los bienes personales y ganancias (alícuotas y bases) y luego establece cómo se repartirían esos “dividendos”.
Otros de los gremialistas firmantes son los kirchneristas Vanesa Siley, Walter Correa, Pablo Carro, Claudia Ormaechea, Patricia Mounier, María Rosa Martínez y Carlos Ponce, según el documento.
Fuentes parlamentarias ligadas a este grupo de diputados aclararon a Ámbito que esta iniciativa no será de la definitiva a presentar en el Parlamento, sino que se unificará con otros proyectos que van en la misma línea. “Los diputados sindicalistas haremos nuestros aportes en el seno de la discusión en el Congreso”, sostuvieron desde el grupo de firmantes del proyecto K, que vio la luz.
Yasky confirmó que dado que no es el único proyecto en danza existe la posibilidad de acordar con otros espacios, como una iniciativa del también diputado Carlos Heller, que sería más moderada, pero más sustentada jurídicamente.
“El presente Proyecto de Ley tiene como objeto establecer un impuesto excepcional, en el marco del Aislamiento Preventivo y Obligatorio, con el fin de distribuir recursos esenciales para garantizar el bienestar socioeconómico de los sectores más vulnerables de nuestro País”, afirma la iniciativa K.
Asimismo, argumenta que “debido a estos acontecimientos extraordinarios, sin precedentes, es central sostener la actividad económica y productiva para así garantizar la fuente de trabajo de todos los argentinos”. Y agrega: “Por ello, entendemos que se debe priorizar y garantizar el abastecimiento indispensable para el funcionamiento de las cadenas de provisión de los hogares y las empresas”
“De esta manera se intenta contribuir a la situación de gravedad extraordinaria determinada por el Covid-19, estableciendo un impuesto excepcional a quienes tienen mayor capacidad contributiva. Se pide un esfuerzo mayor a quienes están en mejores condiciones. Regla básica de la solidaridad”, cierran los fundamentos.
Según el proyecto, los recursos serían destinados “a la compra o confección de material sanitario, (…) de materiales de cuidados intensivos y de (…) cualquier elemento o material químico que ayude a elaborar test para prevenir la propagación del virus Codiv-19”.
