El exdiputado cuestionó las declaraciones de Francisco Monti sobre la posibilidad de utilizar la fuerza pública para expulsar a empresas mineras de territorio catamarqueño. Consideró que se trata de una postura peligrosa y sostuvo que primero deben cuestionarse judicialmente los acuerdos de facilitación minera.
El exdiputado provincial Hugo Ávila respondió a las declaraciones de Francisco Monti sobre el conflicto minero entre Catamarca y Salta y calificó de “peligroso” el planteo de recurrir a la fuerza pública para expulsar a las empresas que operan o realizan tareas de exploración en territorio catamarqueño.
“Yo considero que son peligrosas esas declaraciones”, expresó Ávila, quien cuestionó la posibilidad de que el conflicto derive en un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad de ambas provincias. En ese sentido, advirtió que un escenario de violencia podría terminar con la pérdida de vidas humanas.
Para el exlegislador, antes de plantear una intervención de ese tipo, corresponde discutir la legalidad de los acuerdos de facilitación minera. En particular, apuntó contra Monti por su actuación legislativa y le reclamó explicaciones sobre su ausencia en la votación del acuerdo vinculado al proyecto Diablillos.
“Monti tendría que explicarnos primero por qué no fue a votar cuando se aprobó el acuerdo de facilitación por Diablillos”, sostuvo. También cuestionó que no se haya impulsado una presentación ante la Corte de Justicia de Catamarca para plantear la inconstitucionalidad de esos acuerdos, al considerar que requerían una mayoría calificada según lo establece la Constitución provincial.
Ávila insistió en que la discusión debe trasladarse al ámbito judicial y político. “Primero hay que voltear los acuerdos de facilitación, después ir a la Corte Nacional y litigar, y no permitir que esto se termine definiendo en un escenario hipotético de violencia como lo plantea él”, manifestó.
Asimismo, consideró que la posibilidad de un enfrentamiento entre grupos especiales de ambas provincias sería “absurda” y remarcó que cualquier conflicto debe resolverse dentro de los mecanismos institucionales de la democracia.
Por otra parte, el exdiputado acusó a Monti de “sobreactuar” y cuestionó la falta de explicaciones de distintos sectores políticos sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según planteó, su aprobación implicó ceder a la Nación facultades que antes correspondían a las autoridades provinciales en materia minera.
En esa línea, advirtió que las modificaciones vinculadas al régimen también permitirían que empresas extranjeras que explotan los recursos puedan participar como proveedoras, lo que, a su entender, reduciría aún más las oportunidades para los proveedores locales.
Finalmente, Ávila volvió a cuestionar a Monti y a los distintos espacios políticos por no asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas en materia minera. Para el exlegislador, la discusión debe centrarse en la legalidad de los acuerdos y en las responsabilidades políticas, antes que en promover escenarios de confrontación.





