“Son actos dilatorios para evitar que lo investiguen”, afirmó la letrada, quien remarcó que todavía resta avanzar sobre medidas investigativas vinculadas a los teléfonos, computadoras y otros elementos personales de Galán.
En ese sentido, explicó que el pedido de desafuero formulado por el juez Sago cuenta, según su consideración, con fundamentos y elementos probatorios suficientes para habilitar el avance de la investigación por parte de las fiscalías intervinientes.
La abogada también cuestionó la exposición pública que realiza el legislador sobre el caso y señaló que sus declaraciones terminan revictimizando a las personas involucradas. Según indicó, se trata de dos mujeres y un varón a quienes representa, y advirtió que Galán continúa mencionándolos incluso con nombre y apellido.
Frente a esta situación, adelantó que evalúan impulsar nuevas acciones para evitar que se vulneren los derechos de las víctimas y se las siga exponiendo públicamente.
El planteo por el vencimiento de los plazos
Consultada sobre el argumento de la nueva defensa, que sostiene que se vencieron los plazos legales para investigar a Galán, Barrientos rechazó esa interpretación y aseguró que se trata de una cuestión que ya tuvo tratamiento judicial.
Explicó que anteriormente se había planteado la caducidad de la investigación bajo el argumento de que habían transcurrido los 60 días previstos, aunque aclaró que durante ese período todavía se encontraban pendientes distintas medidas y actuaciones en otras instituciones, necesarias para completar el sustento probatorio.
De acuerdo con su explicación, tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte rechazaron ese planteo, apoyándose en jurisprudencia provincial y nacional.
Asimismo, señaló que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Constitución Nacional para el caso concreto, lo que permitió que la investigación continuara.
Finalmente, Barrientos sostuvo que el juez reunió los elementos probatorios disponibles y avanzó con el pedido de desafuero para que las fiscalías puedan profundizar las medidas pendientes, entre ellas las pericias sobre dispositivos electrónicos y las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.
La letrada consideró que esas diligencias permitirán completar aspectos de una investigación que, según su evaluación, todavía tiene medidas pendientes de producción.




