Luego de aprobada la tercer revisión trimestral en diciembre último, que posibilitó al país recibir el nuevo desembolso de u$s6.000 millones de dólares, el FMI proyecta dar a conocer en marzo las conclusiones de la última revisión del año, que de aprobarse permitiría un nuevo desembolso de u$s5.000 millones.
Según publicó en su último informe la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo – FIDE, todo indicaría que se logró también cumplir la meta monetaria, fiscal, así como de acumulación de reservas para sostener el acuerdo con el organismo que reintrodujo al país el gobierno de Cambiemos en 2018.
Puntualmente, FIDE plantea que durante diciembre las reservas aumentaron algo más de 2.000 millones de dólares producto de la segunda edición del “dólar soja”, con lo que se logró acumular compras netas por 5.844 millones de dólares en todo 2022, superándose la meta estipulada de 5.000 millones. En relación a la emisión monetaria del BCRA, la misma no tuvo necesidad de efectuarse gracias a la refinanciación del 250% de la deuda en pesos por 700.000 millones de pesos, mientras que en lo respectico al déficit fiscal, desde la consultora Wise Capital señalaron a Telam que si bien aún no hay información oficial al respecto, “lo más probable es que esté dentro del límite, ayudado por la recaudación extra por el dólar soja y el financiamiento neto que obtuvo en las licitaciones del Tesoro”.
2023:
Con todo, la misma FIDE plantea que “de cara al año entrante, las metas del acuerdo con el FMI son más exigentes, especialmente aquéllas vinculadas al sector externo”. Esto es así porque, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Finanzas, en 2023 deberá efectuarse una devolución neta al FMI de Derechos Especiales de Giro por casi 750 millones de dólares y enfrentarse pagos por intereses con este organismo por casi 3.500 millones de dólares, debido en parte a que las tasas casi se han duplicado respecto al año pasado, por estar atadas a la fijada la Reserva Federal, la cual ha aumentado considerablemente desde que se firmó el acuerdo. También deberán abonarse intereses de los bonos reestructurados por 4.000 millones de dólares, y se deberá aumentar el stock de reservas en 4.800 millones de dólares por encima de los 44.588 millones de finales de 2022.
Según informó oportunamente el Centro CIFRA de la CTA, el saldo comercial que deberá tener nuestro país en 2023 para afrontar las necesidades financieras y la acumulación de reservas, debería ser de 15.054 millones de dólares, algo que podría darse solo con un “viento a favor” para la economía argentina en un escenario internacional de suma complejidad. Desde FIDE, por su parte, señalan que “entendemos que los fondos externos serán suficientes para afrontar solo las necesidades de crecimiento de la economía real, aunque no observamos que haya remanentes significativos que acumular en reservas”.
En relación a las otras dos metas, monetaria y fiscal, las mismas se sostienen como en el acuerdo original, lo cual implica que el gobierno debería continuar el ajuste iniciado en septiembre de este año, incluso cuando se enfrenta a un año electoral, si se tiene en cuenta que el 2023 será de módico crecimiento, proyectado en el Presupuesto en solo un 2 por ciento.
Puntualmente, el financiamiento del BCRA al Tesoro no deberá ser mayor al 0,6% del PIB este año y nulo para 2024, mientras que el déficit fiscal primario no debería superar el 1,9% del PIB, es decir 0,6 puntos porcentuales menos que el año pasado donde se creció a una tasa cercana a los 5 puntos, y por debajo del 0,9% para 2024.
Pero no solo el gobierno se enfrenta a un desafío mayúsculo por la necesidad de acumulación de divisas y de efectuar un ajuste en el gasto. El acuerdo con el FMI, que mantiene la idea de considerar al mercado como el mejor asignador de recursos, lo limita en potenciales regulaciones económicas que podría aplicar frente a la cambiante dinámica local e internacional.
De hecho, durante la revisión de diciembre sobre el tercer trimestre, el gobierno tuvo igualmente que solicitar “waivers of non observance”, es decir solicitud de renuncia del FMI a penar el incumplimiento, por dos políticas regulatorias no permitidas por el FMI, como la implementación de nuevas restricciones para las importaciones y un tipo de cambio diferencial para incentivar la liquidación de los productores y comercializadores sojeros.
Posiblemente, el FMI vuelva a centrarse en los ya de por si complejos cumplimientos de las metas fiscales, monetarias, y de acumulación de reservas, pero las nuevas políticas regulatorias que el país podría tener que efectuar para obtener las mismas, también podrán ser una cuestión de objeción por parte del FMI para la efectivizar sus desembolsos.