Un operativo judicial en la localidad santafesina de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, permitió rescatar a 31 personas sometidas a explotación laboral, entre ellas dos menores de edad.
Las víctimas provenían de Los Juríes, Santiago del Estero, y trabajaban en los campos “Santa Ana” y “La Revancha e Isabelliana S.A.”, situados a la vera de la ruta provincial 77. Según la investigación, recibían un pago de 300 mil pesos por quincena, aunque de ese monto se les descontaba la comida.
Durante la inspección se constató que los trabajadores no tenían acceso a agua potable, realizaban sus necesidades en tachos, estaban incomunicados y no podían retirarse de los predios. Además, solo algunos contaban con documentos de identidad.
El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Descentralizada Rafaela y fue autorizado por el juez federal de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien ordenó el secuestro de celulares y un cuaderno con anotaciones clave para la causa.
Por el momento, dos personas fueron imputadas, mientras que el fiscal federal Jorge Gustavo Qnel, junto a los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, continúa al frente de la investigación.
