El Gobierno nacional presentó nuevos escritos en la causa judicial que enfrenta por la expropiación de YPF, buscando frenar el cumplimiento del fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones estatales de la petrolera al fondo Burford Capital. En esa presentación, la Procuración del Tesoro apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, señalando que sus declaraciones públicas “entorpecen y empeoran la posición argentina” ante la Justicia de Estados Unidos.
La defensa estatal calificó el caso como “una disputa jurídica sin precedentes” y reafirmó su pedido de suspensión (stay) de la medida de “turnover”, que implicaría la cesión de las acciones Clase D de YPF. La decisión de Preska, en primera instancia, obliga al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a fondos litigantes, tras considerar que la nacionalización de YPF se hizo sin respetar los procedimientos establecidos.
Desde la Procuración destacaron tres pilares en su argumentación: la excepcionalidad del caso, los riesgos legales irreversibles que implicaría la entrega de las acciones y el nulo perjuicio inmediato para los demandantes si la ejecución es suspendida. Además, advirtieron que ejecutar el fallo violaría la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera y dispararía cláusulas contractuales adversas para la petrolera, afectando su estructura financiera y su operatividad.
Los abogados del Estado también remarcaron que esa cesión obligaría a transferir las acciones a una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que consideran jurídicamente inválido y contrario a la legislación nacional. De concretarse, el Estado perdería el control de YPF, con efectos directos sobre más de 23.000 empleados, los accionistas y la deuda de la compañía.
En el escrito, se citó el último formulario 20-F que YPF presentó ante la SEC estadounidense, en el que la empresa advierte sobre los posibles impactos negativos de un cambio forzoso de control accionario.
En relación con el fondo Bainbridge, Argentina también pidió la suspensión de la ejecución, recordando que el propio demandante busca cobrar su acreencia por otra vía —el “Brady Collateral”— que podría cubrir el monto reclamado, y que no existe urgencia que justifique la medida judicial. A su vez, se insistió en que no hay jurisprudencia previa que avale la ejecución de activos soberanos que no se encuentren físicamente en EE.UU., como sería el caso de las acciones de YPF.
Uno de los puntos que más destacó la defensa fue el uso que hicieron los demandantes de declaraciones públicas de Axel Kicillof, quien fue el ministro que lideró la expropiación en 2012. Según el escrito, los fondos Petersen/Eton Park citaron una conferencia del actual gobernador bonaerense para sostener que el Estado argentino actúa con obstrucción. Ante esto, el Gobierno aclaró que Kicillof no forma parte de la administración nacional actual y que sus dichos no representan la estrategia legal oficial.
En paralelo, la Procuración argumentó que la decisión de Preska contradice principios del derecho internacional y va incluso en contra de la postura sostenida por el propio Gobierno de Estados Unidos, que en casos similares manifestó su rechazo a la ejecución de bienes estatales extranjeros no ubicados dentro de su territorio.
Mientras se aguarda la resolución sobre la suspensión solicitada, el Gobierno se prepara para apelar formalmente la sentencia ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Esa apelación incluiría un nuevo pedido de suspensión del fallo mientras se analiza su validez.
Por último, fuentes oficiales remarcaron que la Argentina continuará litigando el caso en defensa de su soberanía, su legislación y el interés público, y señalaron que la demanda no plantea un perjuicio inmediato para los fondos litigantes como para justificar medidas de urgencia que puedan comprometer activos estratégicos del país.