Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca Juniors, fue restringido de asistir a eventos deportivos en Argentina por tiempo indefinido.
La medida responde a un audio en el que Di Zeo presuntamente amenaza al Gobierno y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación con las sanciones contra miembros de La 12. Bullrich presentó una denuncia penal contra Di Zeo por amenazas, afirmando que no tolerará intimidaciones.
Tras la difusión de un audio en el que Di Zeo amenaza con hacerle “quilombo” al gobierno por las sanciones aplicadas a miembros de La 12, el Ejecutivo reaccionó prohibiéndole asistir a cualquier evento deportivo en el país. La medida, oficializada en la resolución 1167/2024 y publicada en el Boletín Oficial, cita una nota de Infobae donde se expone el audio atribuido a Di Zeo en el que se expresa su enojo con Bullrich y advierte que tomará represalias contra el programa Tribuna Segura y su director, Franco Berlin. La grabación, que Di Zeo calificó como “editada”, ha generado una denuncia penal por parte de Bullrich, quien asegura que su gobierno enfrentará a las mafias sin ceder.
Luego del audio difundido en el que Rafael Di Zeo presuntamente amenaza con “hacerle quilombo al Gobierno”, el Ejecutivo aplicó nuevas restricciones contra el líder de la barra brava de Boca Juniors. De esta manera, no podrá ingresar a ningún evento deportivo en todo el territorio nacional.
La medida se hizo oficial mediante la resolución 1167/2024 publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, que establece: “Aplíquese la ‘Restricción de concurrencia administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Rafael Di Zeo por tiempo indeterminado”.
En ese sentido, consideran que “las amenazas se centran en la persona del Señor Director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, quien tiene a su cargo al Programa Tribuna Segura, subrayando que podrían encontrarlo por Puerto Madero, zona en la que habitualmente lo cruzan”.
En consecuencia, el Ejecutivo sostiene que “esta vorágine de amenazas hacia la integridad física de las autoridades se hacen extensivas al personal del programa afectado al control de los accesos”.