“Este caso no es provincial: es corrupción y lavado de dinero que debe investigarse en la Justicia Federal”
En diálogo con este medio, el abogado patrocinante de la denuncia al Intendente de Los Altos el Dr. Diego Quinteros Martínez, explicó por qué la causa debe permanecer en la órbita de la Justicia Federal y no derivarse al fuero provincial.
“Estamos frente a un caso de corrupción con fondos públicos que fueron desviados hacia financieras privadas como RT Inversiones y Adhemar Capital. No es un tema menor: los recursos tenían origen en Nación y estaban destinados a programas específicos, por lo que afectan al erario nacional y comprometen la transparencia institucional”, señaló Quinteros Martínez.
– “El dinero sigue siendo de todos los Argentinos”
El abogado remarcó que, aunque los fondos bajen por la Provincia, mantienen su carácter nacional hasta que se ejecutan y rinden en destino. “No se puede decir que porque pasaron por la caja provincial ya se transforman en plata local. Ese dinero seguía perteneciendo a todos los argentinos y debía usarse para lo que estaba previsto: obra pública y programas de interés general”.
– Del desvío al lavado
Quinteros Martínez explicó además por qué el caso no se agota en la corrupción. “Cuando ese dinero se coloca en financieras para darle apariencia de legalidad, estamos frente a un claro supuesto de lavado de activos. Y el lavado, por ley y por compromisos internacionales, siempre se investiga en el fuero federal. No puede quedar en manos de un juzgado provincial”.
– Un riesgo de impunidad
“El mayor peligro es que, si la causa baja a la justicia provincial, se termine reduciendo a un expediente administrativo sin abordar la gravedad del lavado. Eso no solo dejaría impune un delito de corrupción, sino que incumpliría los compromisos internacionales que la Argentina asumió para combatir el lavado de dinero y la corrupción pública”, advirtió el abogado.
– El llamado a la institucionalidad
Finalmente, Quinteros Martínez fue contundente:
“Esto no es un ataque político ni una denuncia aislada. Es una obligación institucional. Si no investigamos en la Justicia Federal, estamos dando un mensaje de impunidad. Lo que pedimos es simple: que el caso se trate donde corresponde, con todas las herramientas legales necesarias para llegar a la verdad”.
