A raíz de la denuncia realizada por la Dirección General de Aduana (DGA) contra la empresa minera Livent por evasión fiscal, el bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) manifestó su posición en cuanto a la política minera del gobierno provincial.
El descargo se realizó mediante un documento difundido en la página de Facebook del bloque, en el cual expresan: “A partir de la denuncia realizada por la DGA, organismo que controla las exportaciones, dependiente de la AFIP, el bloque de Diputados de la UCR ratifica sus cuestionamientos sobre la política minera del gobierno provincial, de la anterior y actual gestión del Frente de Todos”.
“La política minera actual necesita de una gestión eficaz y transparente en torno a la fiscalización y uso de los fondos mineros, que eviten maniobras fraudulentas y garantice la justa recaudación del dinero de los catamarqueños”, expresan, entre otras cosas, en el escrito.
Más adelante sostienen: “El bloque de diputados de la UCR, ratifica que Catamarca requiere de un mecanismo para la determinación del precio en función del mercado internacional, para una correcta determinación, fiscalización y recaudación de las regalías y aportes adicionales de los
fideicomisos mineros.”
“El gobierno de la provincia de Catamarca, antes Corpacci y hoy Jalil, claramente no estuvo ni está a la altura de las circunstancias para llevar a cabo una minería económicamente equitativa, socialmente responsable y ambientalmente sustentable”, sentencian.
El texto completo
LA EVASIÓN FISCAL DE LIVENT Y LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE CORPACCI Y JALIL
A partir de la denuncia realizada por la Dirección General de Aduana (DGA), organismo que controla las exportaciones, dependiente de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical ratifica sus cuestionamientos sobre la política minera del gobierno provincial, de la anterior y actual gestión del Frente de Todos:
– El bloque de diputados advirtió y rechazó desde el primer momento los nuevos contratos para la explotación de litio de los proyectos de Galaxy (Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra) y Liex (hoy Zijing Mining) en Fiambalá, que corresponden al mismo modelo de contrato -con sus vicios y entregas- que el firmado por la exgobernadora Lucía Corpacci con Livent en 2017, hoy denunciada por la Dirección General de Aduana por evasión fiscal, la que reclama una deuda de $7.700 millones de pesos, equivalente a más de 1.000 viviendas.
– Hasta la fecha, a pesar de los insistentes pedidos de información, denuncias y hasta un recurso de amparo presentado a la Corte de Justicia, el Ministerio de Minería de la Provincia -en connivencia con Livent- no reclamó la deuda desde enero de 2017 hasta junio de 2020. El ARCA determinó la deuda parcial de 200 millones, correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2020 y marzo de 2022. Se espera que, ante tan evidente fraude, el organismo minero responda la información requerida para recaudar el dinero que le corresponde a la provincia, en concepto de regalías, aportes adicionales, intereses y multas.
– La minería de Catamarca es una actividad que debería permitir la disponibilidad de recursos económicos que mejoren los ingresos y salarios de los catamarqueños a través de la generación de empleo, promoción de otras actividades económicas, que financie el mantenimiento de los edificios escolares y disponibilidad de los docentes que garanticen el acceso y la calidad educativa, como así también de médicos, auxiliares, insumos e instalaciones para asegurar el derecho universal, libre y gratuito a la salud de las y los catamarqueños.
– La política minera actual necesita de una gestión eficaz y transparente en torno a la fiscalización y uso de los fondos mineros, que eviten maniobras fraudulentas y garantice la justa recaudación del dinero de los catamarqueños. La evasión fiscal, que hoy es de público conocimiento, es un evidente hecho de corrupción sobre el manejo de los fondos económicos provenientes de la minería.
– El bloque de diputados de la UCR, ratifica que Catamarca requiere de un mecanismo para la determinación del precio en función del mercado internacional, para una correcta determinación, fiscalización y recaudación de las regalías y aportes adicionales de los fideicomisos mineros.
– El gobierno de la provincia de Catamarca, antes Corpacci y hoy Jalil, claramente no estuvo ni está a la altura de las circunstancias para llevar a cabo una minería económicamente equitativa, socialmente responsable y ambientalmente sustentable. El gobierno confunde el rol del Estado, se pone del lado de las empresas en vez de defender los intereses del pueblo de Catamarca.
– El gobierno carece de voluntad, de transparencia, de aptitud y actitud para garantizar que la actividad minera sea en beneficio de las y los catamarqueños.
