En la tercera sesión extraordinaria, Diputados avanzó con la media sanción de dos proyectos enviados por el Ejecutivo: por un lado, la expropiación de un inmueble en el parque Industrial El Pantanillo a fin de recuperar el predio en desuso y promover nuevas inversiones productivas; y por otro, el nuevo Código Procesal del Derecho de las Familias, orientado a modernizar la justicia con procesos más ágiles, orales, con perspectiva de derechos y herramientas tecnológicas.
Expropiación para recuperar terrenos
Al iniciar el tratamiento del proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en El Pantanillo, como miembro informante María Argerich (Frente de Todos) recordó que la Ley 2968 “permitía que muchas empresas se radiquen en nuestra provincia y como parte de esa ley se entregaban predios en titularidad”, y agregó que “con los años muchas empresas se fueron de nuestra provincia por diversos motivos”. En ese sentido, explicó que la medida busca recuperar terrenos que han quedado sin actividad productiva: “El Ejecutivo quiere recuperar el predio, por eso plantea esta expropiación para poder dar cumplimiento nuevamente al espíritu de la Ley creada y el decreto 1389 del año 95”.
Argerich insistió “que es crucial recuperar estos espacios para la provincia, para poder poner a disposición de otras empresas que puedan llegar a volver a invertir en Catamarca y a generar empleo privado cuando la situación económica nacional mejore”. Por su parte, Carlos Aibar Quintar (La Libertad Avanza) adelantó la postura de su bloque y marcó reparos sobre el proyecto. “Más allá de tener una postura de oposición a las expropiaciones, hemos acompañado algunas cuando queda detallado y bien específico cuál es el destino que se va a hacer del inmueble; no es el caso de este proyecto”, afirmó.
Seguidamente, Javier Galán (MID) reforzó las observaciones. “Lo dijo la diputada, que muchas empresas se fueron y no sabemos cuál de esas empresas son las que se fueron”, expresó e insistió con la ausencia de precisiones sobre la implementación del terreno. Cerrando el debate, Juan Carlos Ledesma (FT) defendió la iniciativa retomando el eje de la recuperación productiva. “La existencia de estos predios abandonados, por supuesto, y sin actividad productiva no es lo que nosotros aspiramos”, sostuvo, y remarcó que el objetivo es revertir esa situación: “Queremos que nuevas inversiones en esas empresas se vuelvan a radicar y por eso el Estado Provincial plantea la expropiación para cederlo a algunas empresas que vengan a radicarse”.
En su intervención, Ledesma también introdujo el contexto económico nacional en la discusión: “Hace un rato se hablaba de que nosotros andábamos echándole la culpa al gobierno nacional y nada le dicen al gobierno nacional sobre la situación que ellos mismos están generando”. “22.000 pymes, empresas, a nivel nacional cierran diariamente. Es irónico que hablen del cierre de empresas justamente quienes respaldan las políticas asfixiantes que tiene la administración federal”.
El proyecto fue aprobado por mayoría y obtuvo media sanción, con el acompañamiento del oficialismo y el rechazo de los bloques opositores.
Código Procesal de Familia
En el segundo tramo de la sesión, se abordó el proyecto que plantea un nuevo Código Procesal del Derecho de las Familias, iniciativa que propone reorganizar el funcionamiento de ese fuero en la provincia. El miembro informante Exequiel Moreno (FT) señaló que el proyecto “no es una reforma más, estamos ante una verdadera modernización del sistema de justicia de familia en una respuesta institucional necesaria frente a los profundos cambios sociales, culturales y jurídicos que hemos atravesado en nuestra comunidad en las últimas décadas”.
Moreno explicó que el derecho de familia ha experimentado transformaciones sustanciales y sin embargo, los procedimientos vigentes no acompañan esa evolución: “Los conflictos familiares continúan tramitándose muchas veces bajo esquemas tradicionales, diseñados para situaciones patrimoniales de carácter adversarial, que no logran dar respuestas eficaces a problemáticas humanas complejas”. En ese marco, detalló que el proyecto propone “crear un proceso de familia autónomo, especializado, ágil y con una mirada profundamente humana”, con objetivos orientados a mejorar la eficiencia del servicio de justicia, fortalecer la especialización judicial y garantizar una tutela judicial efectiva.
Asimismo, destacó que la iniciativa surge del trabajo conjunto con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y entre los aspectos centrales, mencionó la incorporación de nuevas tecnologías: “Se establece el uso de la inteligencia artificial con principios de transparencia, control humano y protección de datos”, además de promover el expediente digital y la interoperabilidad de los sistemas judiciales. También subrayó la inclusión de principios rectores como el interés superior del niño, la oralidad, la celeridad, la flexibilidad probatoria y la perspectiva de género, junto con el reconocimiento del carácter alimentario de los honorarios profesionales: “Es una cuestión de importancia para quienes integran una de las tres patas que componen un proceso”.
A su turno, Aibar Quintar fijó la postura del bloque de LLA y explicó el motivo del anticipado rechazo. “No se trata de código procesal de familia sí o código procesal de familia no, sino de qué modelo de justicia queremos para la provincia”, planteó para cuestionar la inclusión de la perspectiva de género como principio transversal: “Lo que se está haciendo en la práctica es condicionar la imparcialidad que deben tener los jueces”. El legislador detalló que su bloque presentó un despacho de minoría con modificaciones en distintos artículos, eliminando referencias a la perspectiva de género en varios incisos.
Finalmente, Argerich tomó la palabra para responder a los planteos opositores y respaldar el proyecto. En primer lugar, defendió el proceso de trabajo y, sobre el debate de fondo, sostuvo que no se estaba “frente a una discusión técnica menor” ya que la inclusión de la perspectiva de género forma parte de una concepción integral del derecho: “Cuando se la elimina no se está simplificando el derecho, se está eligiendo no ver y también se está eligiendo silenciar desigualdades”. En esa línea, argumentó que el proyecto no introduce elementos ajenos al ordenamiento jurídico sino que, lo que hace, “es reconocer lo que ya viene haciendo la jurisprudencia y lo que ya dicen los tratados internacionales asumidos por nuestro país”. “Eliminarla no es volver al derecho más puro, es volver al derecho más ciego y más sordo” cerró.
