A través de un comunicado la Red de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria – Achalay, de la provincia de Catamarca se dirigió a las Autoridades y Funcionarios responsables de la asignación de criterios para definir las y los destinatarios del IFE.
En el mismo, señalan su “apoyo a la decisión del Gobierno Nacional de disponer en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, el otorgamiento de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para las y los trabajadores de la economía popular”. Sin embargo, a la vez acercaron muestran sus preocupaciones que se originan en torno a las informaciones que se difunden en medios de comunicación y en la propia pagina del ANSES acerca del criterio que utilizan las autoridades y funcionarios responsables para recortar el universo de beneficiarias y beneficiarios de los 10.000.
“Cuando se informa que la asignación será de 10.000 por única vez en el mes de abril, y seguidamente se aclara que Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar, ¿quecriterios utilizaran las autoridades y funcionarios responsables para recortar el universo de beneficiarias y beneficiarios?”, se preguntan desde la Red Achalay.
En esa línea sostienen: “Si el criterio para recortar el universo de beneficiarios es el domicilio, nos parece importante recalcar el alto grado de hacinamiento que viven las familias del sector. No es este un criterio que
pueda realizar un recorte con justicia y equidad. ¿Cómo dividir los grupos familiares que conviven bajo un mismo techo? ¿Cómo realizar esta determinación de forma justa y equitativa si se desconocen las dinámicas económicas de los ingresos familiares? Existe un fuerte déficit habitacional de aproximadamente 3,5 millones de viviendas en la Argentina, y que hace que este recorte se convierta en por lo menos arbitrario”.
Y agregan: “La paralización de las actividades económicas producto de la implantación de la cuarentena ha hecho perder una buena parte de estos ingresos provenientes prioritariamente de los miembros de las familias que realizan actividades de producción y servicios. Por lo tanto seleccionar un miembro por familia, no produce un proceso de reparación del impacto de la crisis”.
En referencia a la decisión del Gobierno nacional de prohibir a las empresas de servicios disponer cortes de servicios “en casos de mora o falta de pago” a usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como forma de mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, manifestaron que: “no determina exceptuar el pago. Por lo tanto, tarde o temprano las familias igualmente deberán hacer frente a estos pagos”.
“En nuestra opinion así como el gobierno Nacional ha dispuesto medidas como financiamiento bancario, con garantías para las pymes, rebaja de cargas patronales y otras medidas más que irán surgiendo diariamente como alternativas para que las empresas puedan cumplir con sus trabajadores, proponemos que se tomen los mismos recaudos para sostener a las y los trabajadores de la economía popular ampliándose el cobro del IFE durante los meses necesarios hasta salir de esta crisis”, expresaron.
Ante todas estas razones, desde la Red Achalay sugieren “que el pago sea para TODAS y TODOS aquellos que reúnan las condiciones fijadas por el Decreto 310/2020, y que se modifique el artículo 3 del mismo que restringe el otorgamiento a una sola persona por familia”.
A continuación el comunicado completo:
