El diputado provincial Fernando Baigorri, junto al abogado Rodrigo Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades en el pago de becas destinadas a trabajadores precarizados del interior del departamento Capayán.
Según explicó Baigorri, la presentación surge a partir del reclamo de personas que prestaban servicios como ordenanzas en un jardín de infantes y que dejaron de percibir una beca que, inicialmente, era de 30 mil pesos y que hasta fines del año pasado ascendía a 50 mil pesos.
Los trabajadores acudieron al legislador para plantear su situación y solicitar su intervención. Al revisar la documentación aportada —entre ellas planillas de asistencia y reportes de directivos de los establecimientos— detectaron aspectos que despertaron sospechas.
“Vimos que el pago que se hacía a estos becados se realizaba desde una cuenta personal hacia la cuenta personal de los beneficiarios, por fuera de todo el sistema que debería tener la administración pública”, indicó Baigorri. Además, señaló que el monto abonado sería muy inferior al de otras becas vigentes, que actualmente rondarían los 350 mil pesos, lo que genera sospechas sobre una posible retención de fondos.
Por su parte, el abogado Rodrigo Cruz explicó que la denuncia se encuadra en posibles delitos como fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otras figuras.
Cruz remarcó que uno de los puntos que más llamó la atención fue la modalidad de pago. “No corresponde que un funcionario realice pagos desde su cuenta personal. Si se trata de becas o fondos públicos, deben estar asignados en una partida específica y rendirse adecuadamente”, afirmó.
Otro de los aspectos que buscan esclarecer es el origen de los fondos, ya que aún no está claro si se trata de programas nacionales, provinciales o municipales. Según indicaron, en un primer momento se mencionó la posibilidad de que estuvieran vinculados a planes como Potenciar Trabajo o Progresar, pero los beneficiarios aseguran que no cobraron bajo esos programas durante 2023.
Los denunciantes también advirtieron que podrían existir más casos similares. “Puede ser una modalidad que se utilice en el interior de la provincia y que abarque a más personas”, señaló el letrado.
Finalmente, Baigorri cuestionó la falta de acompañamiento de otros representantes del departamento Capayán. Según relató, los trabajadores aseguraron que, tras plantearles el problema, algunos dirigentes dejaron de responderles e incluso los habrían bloqueado en WhatsApp.
Los becados, afirmó, se sienten “totalmente desprotegidos”, ya que —según indicaron— no obtienen respuestas ni del municipio ni de los organismos provinciales a los que recurrieron.
