La Audiencia de Barcelona ha acordado por mayoría y con el voto particular de un magistrado imponer a Dani Alves una fianza de un millón de euros para quedar en libertad provisional a la espera de que su sentencia por agresión sexual sea firme.
En caso de abonar esa cantidad, el tribunal retirará al futbolista sus dos pasaportes -español y brasileño- para evitar una posible fuga, le prohibirá aproximarse o comunicarse con la víctima y le obligará a comparecer semanalmente en el juzgado.
La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona estima así la petición de la defensa del brasileño, ejercida por la abogada Inés Guardiola, quien solicitó la libertad provisional de su cliente al haber cumplido una cuarta parte de la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta al futbolista. “Creo en la Justicia, no me fugaré”, aseguró Alves en la vista celebrada este martes.
El tribunal argumenta en su resolución que “conviene recordar que la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado o la de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería de los límites constitucionales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Española”.
Los magistrados valoran que “la pena finalmente impuesta se ha reducido de forma ostensible” a las solicitadas por las acusaciones -12 años la acusación particular y 9 la Fiscalía-, y que además lleva cumplidos 14 meses de forma preventiva, que se podría prorrogar “de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta, periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia”.
