La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en días decisivos para resolver una de las causas más trascendentes de los últimos años: la denominada “causa Vialidad”, que involucra directamente a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. La decisión que tome el tribunal podría dejar firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que tendría un profundo impacto institucional y electoral en el país.
Aunque no hay resolución firmada, fuentes del tribunal indican que la Corte se encamina a rechazar los recursos extraordinarios de la defensa de Kirchner utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual permite desestimar recursos sin reabrir la causa ni analizar el fondo del asunto. Sin embargo, debido a la magnitud política e histórica del expediente, se evalúa acompañar ese rechazo con votos fundados de al menos tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Según trascendidos, Rosatti y Lorenzetti ya estarían redactando argumentos individuales, mientras que Rosenkrantz podría adherir al voto del presidente del tribunal o sumar el suyo, pero siempre en línea con confirmar la sentencia. La posibilidad de que este último propusiera revisar la condena, como había sugerido el Procurador Eduardo Casal, parece haber sido descartada.
La confirmación de la sentencia dejaría a Cristina Kirchner automáticamente inhabilitada para competir por cualquier cargo electivo, incluso si la pena no se hace efectiva de forma inmediata. Además, el expediente retornaría al Tribunal Oral Federal N°2, que deberá decidir no sólo sobre la ejecución de la pena de la exmandataria, sino también sobre la situación de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López.
El fallo original del TOF 2, dictado en diciembre de 2022, condenó a Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco del direccionamiento de obra pública a favor de Báez entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en 2024, aunque rechazó agravarla a 12 años incluyendo el delito de asociación ilícita, como pretendían los fiscales Luciani, Mola y Villar, con respaldo del Procurador Casal.
La defensa de Kirchner intentó frenar la resolución con una recusación contra el juez Lorenzetti por supuestas declaraciones públicas, pero el planteo fue rechazado esta semana por “inadmisible”. Con ese obstáculo descartado y el dictamen del Procurador ya emitido, la Corte está en condiciones de fallar.
Entre las opciones procesales aún posibles, se incluye rechazar las quejas sin más trámite (lo que confirmaría la condena), abrir el recurso y ratificar o revocar el fallo, o incluso resolver de fondo como plantea el artículo 16 de la Ley 48. Sin embargo, todo indica que la Corte avanzará por la vía rápida del artículo 280, tal como hizo en casos emblemáticos como los de Milagro Sala y Amado Boudou.