Un escándalo judicial sacude a Tucumán tras el reciente archivo de una investigación sobre el manejo de miles de millones de pesos en efectivo por parte de municipios, lo que ha desatado críticas y dudas sobre la transparencia en el uso de fondos públicos. La causa se centraba en extracciones millonarias realizadas bajo la modalidad de “cheques por ventanilla”, particularmente llamativo en el municipio de Banda del Río Salí.
Entre enero de 2023 y junio de 2024, se detectó que solo Banda del Río Salí retiró más de 17.000 millones de pesos en efectivo. Esta cifra es parte de un monto total de 39.000 millones de pesos girados por el Gobierno Nacional a varias intendencias durante el último tramo de la gestión de Alberto Fernández y los primeros meses de 2024.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac, bajo la dirección de Diego Velasco, fueron las primeras en encender las alarmas, tras detectar movimientos reportados como sospechosos por el Banco Macro debido a su volumen y la coincidencia temporal con periodos electorales (PASO, generales nacionales y provinciales). Estas extracciones masivas en efectivo son consideradas una “bandera roja” en términos de transparencia, ya que dificultan la trazabilidad del dinero y abren la puerta a posibles desvíos o financiamiento político irregular.
Sin embargo, a pesar de la contundencia de los reportes financieros, el Fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz solicitó el archivo de la causa, una decisión que fue ratificada por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En su dictamen, Vehils Ruiz admitió la “discrecionalidad” y la falta de claridad en el manejo de los fondos, pero concluyó que no se reunieron los elementos suficientes para tipificar un delito penal de competencia federal, argumentando que la conducta, aunque cuestionable, carece de la “tipicidad y antijuridicidad” necesaria para un juicio criminal.
¿Y por casa cómo andamos?
El tema no se limita a Tucumán, porque en el mismo paquete de denuncias la UIF dio a conocer en su momento que tres municipios de Catamarca extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación económica, con el mismo modus operandi.
Los tres intendentes involucrados extrajeron $2.508.308.350,65 de las cuentas de sus municipios, a través del cobro de cheques en efectivo.
La novedad se hizo pública, tras la denuncia llevada a cabo por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), tras recibir el informe de UIF respecto de municipios en los que se extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación económica
Fue también entre junio y julio de 2024, cuando diferentes bancos fueron informados de la novedad. Se les advirtió sobre estas maniobras sospechosas que se realizaban por ventanilla de las entidades, sobre todo en distritos de Tucumán, Salta y Catamarca.
En el caso de la municipalidad de Icaño, se supo que el intendente Franco Carletta, de Unión por la Patria, retiró $1.113.312.192,65 en 86 operaciones mediante el cobro de cheques por caja, durante el período comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2024, sin aportar documentación de respaldo suficiente para justificar las maniobras. Las extracciones fueron desde $1 millón hasta $90 millones, y más de la mitad de esos fondos se retiraron entre mayo y agosto de 2023
Aunque el municipio oportunamente informó que utilizó los recursos para el pago de sueldos, becas y ayudas sociales; como único registro aportó una planilla de Excel correspondiente al mes de diciembre de 2021 por un total de $4.946.400: es decir, justificó el 0,4% de los recursos extraídos.
En el caso de la municipalidad de la localidad de Corral Quemado, el apuntado fue Octavio Isidro Gómez, electo por Juntos por el Cambio. En la Municipalidad de Corral Quemado extrajeron $771.000.000 entre diciembre de 2021 y junio de 2024, también bajo la modalidad del cobro de cheques en efectivo, en operaciones que iban desde $1,5 a $85 millones.
En este caso, los representantes legales de la Municipalidad habrían suscripto declaraciones juradas sobre el destino y aplicación de los fondos ante el BNA, informando que guardaría relación con gastos y pagos realizados por la Municipalidad que iban desde sueldos y aguinaldos, hasta bonos de fin de año, becas de estudio y de trabajo, proveedores, eventos públicos, honorarios diversos, almuerzos para personal de salud, pago por espacio publicitario, ayudas sociales, contratos municipales y de obras, subsidios, entre otros.
Y también se investigó al municipio de la Ciudad de Belén, y aquí el investigado es Daniel Rios, por extracciones realizadas entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando concluyó su mandato. En ese período, se retiraron $623.996.158 mediante el cobro de cheques por montos que iban desde $25.000 hasta $66 millones.
En este sentido, a la UIF le llamó la atención que los meses en los que tuvieron lugar mayores extracciones habrían sido diciembre de 2022, junio de 2023, agosto 2023 y noviembre de 2023, siendo estos dos últimos períodos contemporáneos con las elecciones PASO y el balotaje de ese año, en el que Ríos no podía ser reelecto como intendente, pero fue precandidato a senador por el departamento Belén.
¿Qué pasará acá? ¿Todo al archivo también? ¿Lo de siempre?
