La jueza María Inés Piñeiro Bertot, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 6 de San Martín, provincia de Buenos Aires, fue denunciada por faltas graves, violación de los deberes inherentes a su cargo y comisión severa de irregularidades al beneficiar a un peligroso violador de menores.
El abusador es Antonio Armando Di Palma, alias “Mandy” de 57 años, quien se encontraba alojado desde el 8 de octubre de 2019 en la la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica a la espera de un juicio oral por los delitos de corrupción de menores agravada, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.
Una de las cinco víctimas es M., de 11 años, que fue violada por este hombre cuando convivía con ella en su casa de Bella Vista, en virtud de ser el hermano de su padrastro. Su abogado Jorge Alberto D’Onofrio -también diputado del Frente Renovador- decidió presentar la denuncia en contra de la magistrada.
A pesar de la oposición de la fiscalía, que consideraba que el violador debía seguir preso, la jueza Piñeiro Bertot se apoyó en la pandemia del COVID-19 para enviarlo a que cumpla el arresto domiciliario en la casa de un familiar en la que viven siete personas, dos de las cuales son menores de edad.
La medida fue tomada el 7 de abril y Di Palma salió de prisión sin ningún tipo de monitoreo electrónico ante el faltante de pulseras electrónicas. A esto se suma que días atrás, la jueza había ordenado que el informe social para verificar el lugar donde iba a ser remitido el abusador lo hiciera la policia y no los peritos asistentes sociales que trabajan para la justicia.