La Justicia federal procesó a los anestesistas Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri en el marco de la causa conocida como “Propofest”, que investiga el desvío de propofol y otros fármacos desde hospitales para su uso fuera del ámbito sanitario.
La resolución fue firmada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien imputó a ambos por el delito de administración fraudulenta, al considerar que existen pruebas suficientes de que aprovecharon sus funciones para sustraer medicamentos bajo su custodia.
Según la investigación, los acusados habrían extraído ampollas de propofol —un potente anestésico de uso hospitalario— desde el área de anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, vulnerando los controles internos del sistema de salud.
El expediente sostiene que estas sustancias eran utilizadas fuera de cualquier contexto clínico, incluso en reuniones privadas conocidas como “Propo fest”, donde se consumían con fines recreativos. La Justicia remarcó el alto riesgo sanitario que implica el uso de estos fármacos sin supervisión médica, dado que pueden provocar depresión respiratoria y muerte.
Como parte de las medidas dispuestas, ambos imputados tienen prohibida la salida del país y fueron embargados por un total cercano a los $100 millones, con el objetivo de garantizar su sometimiento al proceso judicial.
El fallo también señala diferencias en los roles: mientras que Boveri habría tenido una participación central debido a su mayor antigüedad y acceso a los medicamentos, a Lanusse se le atribuye un rol secundario dentro de la maniobra.
La causa se inició a partir de auditorías internas que detectaron inconsistencias en el stock de anestésicos, pero tomó mayor relevancia tras la muerte de un anestesista en febrero de 2026, presuntamente vinculada al consumo de estas sustancias.
Además, la investigación continúa en paralelo con otras líneas que buscan determinar si existía una red más amplia de desvío y consumo de drogas hospitalarias, así como posibles responsabilidades adicionales dentro del sistema de salud.
