La semana pasada, el horizonte parecía ponerse oscuro y tormentoso para el ministro de Educación de la provincia, Francisco Gordillo. La denuncia por designaciones irregulares en su cartera hicieron aparecer nubarrones sobre el funcionario y todo indicaba que el pronóstico era de tempestad: primero los gremios, luego diputados de la oposición, el propio Gobernador y finalmente una denuncia penal aportaron a las inclemencias que rodearon a Gordillo. Pero finalmente fue apenas un chubasco. Como ya sucedió en repetidas oportunidades, todo se solucionó haciendo saltar un fusible, para dejar al funcionario de mayor rango indemne. Historia repetida en Educación.
El pronóstico de mal tiempo para Gordillo empezó la semana anterior. Primero fueron escraches públicos, a través de las redes sociales y en canales informales, en los que denunciaban al Ministro por nombramientos irregulares en su área. Denuncias que fueron recogidas por los gremios de la Intersindical Docente y por las que le pidieron explicaciones al propio Ministro, mediante una nota formal elevada al Ministerio. Desde los sindicatos deslizaron que los nombramientos serían de personas cercanas al funcionario y le pidieron que dé marcha atrás con las designaciones.
Ante el silencio del Ministro y la ausencia de pronunciamientos oficiales, el miércoles de la semana pasada, el vicepresidente del bloque de diputados de la UCR, Francisco Monti, presentó un pedido de informes donde solicitaba al Ministerio de Educación que detalle las designaciones denunciadas por los gremios. Y ese mismo día, horas después, la cosa parecía ponerse más seria para Gordillo. El gobernador Raúl Jalil lo citó a una reunión junto a la asesora general de Gobierno, Fernanda Rosales, para comunicarle que se revisarían todos los expedientes administrativos de los nombramientos. Oficialmente, el Gobierno reconocía que “tras un análisis riguroso de la situación” se habían detectado “varias irregularidades en los procesos de designación”. Y le advirtieron a Gordillo que harían una denuncia penal.
Como si el caldo no estuviera lo suficientemente gordo, Gordillo sumó a fines de la semana pasada una denuncia penal en su contra, y no era la que había anunciado el Gobernador. Esta fue por cuenta del siempre rápido de reflejos Fernando Rivera, que ingresó en Fiscalía General una presenteción contra el funcionario, denunciándolo por “Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público y Fraude en perjuicio de la Administración Pública”.
En su presentación, Rivera enumeró el listado de familiares de Gordillo designados en
Educación y los cargos otorgados a cada uno. Entre estos, nombra a tres hermanos, la esposa, un hijo y un cuñado del Ministro. Seis personas en total, designadas en cargos de supervisión o con adicionales específicos que elevan considerablemente los montos de los salarios.
Una nota de la Intersindical, un pedido de informe de la oposición, la intervención del Gobernador y una denuncia penal de un particular parecían formar sobre Gordillo la tormenta perfecta. Sobre todo por la advertencia de la investigación interna informada por Jalil. Sin embargo, apenas si cayeron algunas gotas en el cuestionado Ministerio y, al menos hasta ahora, ninguna parece haber mojado a Gordillo.
Ayer, la Dirección Provincial de Recursos Humanos informó que la auditoría dispuesta en Educación había detectado 47 designaciones irregulares. Como medidas correctivas de la situación, se ordenó al Banco Nación bloquear el pago de los trabajadores mal nombrados, se dispusieron “sumarios administrativo a un Coordinador de Formación Profesional, una Supervisora General, tres Supervisores Pedagógicos, dos empleados y a un Jefe del Departamento de la Dirección Provincial de Recursos Humanos, y se ordenó el apartamiento inmediato del director Provincial de Modalidades Educativas, Juan Carlos Navarro. Pero el ministro Gordillo, máxima autoridad del área y responsable por jerarquía de todo lo que pasa en su equipo, salió intacto, como si nada tuviera que ver.
Aunque no deja de sorprender, es una mecánica que se repitió a través del tiempo en el mismo Ministerio: denuncias de irregularidades, “investigaciones” internas, medidas disciplinarias para rangos medios y bajos, y Ministros intactos. Sin importar que las pruebas o los testimonios o el sentido común indican que la máxima autoridad de un área ministerial debe responder por lo que sucede en sus narices.
Algunos antecedentes
En 2016, fueron los sobresueldos con el cobro de horas institucionales durante la gestión de Daniel Gutierrez, que terminó con la “renuncia” del jefe de Gabinete, Aldo Creche. Los gremios denunciaron penalmente al Ministro por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero todo se solucionó con el apartamiento de un funcionario de segundo nivel y la explicación de que todo había sido “un error administrativo y de procedimiento”.
Sorprendentemente, en lugar de Creche asumió Belkys Vera, que también estaba en el listado de más de 20 funcionarios que cobraran los sobresueldos. Y a los pocos meses quedó enredada en la denuncia por la compra de costosos regalos para el Día de la Mujer, adquiridos como compra directa y a un proveedor frecuente en sus gestiones.
En 2014, la gestión de José Ariza, también tuvo sus denuncias por irregularidades como la que apuntó contra la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Mabel del Carmen Villacorta, a quién los gremios acusaron de acumular sueldos por cargos en los que debería haber sacado licencia. Según los gremios en la situación había “negligencia, impericia y
posible corrupción o inclusive estafa al Estado”. Y agregaron que toda la situación tenía el conocimiento del ministro Ariza y la directora de Recursos Humanos, Belkys Vera.
En 2012, la ex ministra Maria Julia Acosta fue denunciada por conformar una comisión paralela al organigrama del Ministerio para seguir ejercer un mayor control de la cartera, en la que puso al frente a su hijo Facundo Ahumada. Comisión que funcionarios y docentes calificaron de “trucha” por no estár avalada por decreto, resolución o memorándum.
Con mucha menos polémica, en 2011, durante la gestión del último ministro de Educación del FCyS, Mario Perna, se dió la polémica por la doble titularización de docentes, que rápidamente fue aclarado y corregido por la subsecretaría de Gestión Educativa, Cristina Sosa de Narváez, quien señaló que no se trataba de una “irregularidad” sino de un “error”.