Dos personas fueron imputadas por estafar a jubilados mediante maniobras digitales en la Tercera Circunscripción Judicial. La fiscal de Instrucción con asiento en Belén, Florencia Reartes Sesto, avanzó en la causa tras una investigación que permitió esclarecer tres hechos de estafa cometidos en perjuicio de personas adultas mayores.
La pesquisa se inició a partir de varias denuncias que fueron acumuladas y analizadas en conjunto. A través del seguimiento de transferencias bancarias, el entrecruzamiento de datos, testimonios y otras medidas probatorias, se logró individualizar a los sospechosos y se ordenó su detención.
En ese marco, la fiscal imputó a Victoria del Carmen Herrera por el delito de estafa en tres hechos, y a Julio Herrera por estafa en calidad de partícipe necesario en el tercer hecho. Ambos fueron indagados este jueves y se abstuvieron de declarar, asistidos por la Defensa Oficial. La fiscal solicitará en las próximas horas la audiencia de control de detención.
La modalidad delictiva
De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. La imputada se presentaba ante personas jubiladas, en algunos casos aprovechando vínculos de confianza previos y, en otros, haciéndose pasar por enviada de PAMI o de Desarrollo Social para realizar tareas de limpieza en los domicilios.
Mediante engaños, accedía a los teléfonos celulares de las víctimas y desde allí ingresaba a la aplicación BNA+, donde gestionaba préstamos personales que luego transfería a cuentas propias o a la de su hermano.
Los hechos investigados
El primer hecho se registró entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, cuando Herrera realizó múltiples transferencias y gestionó un préstamo personal, generando un perjuicio económico de $2.582.500.
El segundo ocurrió entre septiembre de 2024 y junio de 2025. Bajo la misma maniobra, efectuó diversas transferencias y solicitó préstamos personales que fueron derivados a cuentas propias, por un total de $1.499.032.
Finalmente, el 8 de octubre de 2025, la imputada se presentó en un domicilio haciéndose pasar por personal de PAMI, solicitó un préstamo a través de la aplicación bancaria y transfirió el dinero a la cuenta de su hermano en varias operaciones consecutivas, por un monto de $1.900.000.
El perjuicio económico total de los tres hechos asciende a $5.981.532,31. La causa continúa en etapa de investigación.
