El Gobierno nacional anunció que avanzará por decreto en la modificación de la Ley de Glaciares, una normativa clave que protege los ecosistemas y recursos hídricos en las zonas más sensibles del país. El objetivo oficial es flexibilizar los márgenes de protección para permitir la expansión de actividades económicas como la minería, la exploración hidrocarburífera y la construcción, en particular en las áreas periglaciares.
La Ley 26.639, vigente desde 2010, establece prohibiciones estrictas para preservar los glaciares y su entorno, contemplando sanciones que incluyen multas severas y la suspensión definitiva de actividades contaminantes. Sin embargo, desde la Casa Rosada reconocen que hubo presiones importantes del sector empresario y argumentan que buscan otorgar mayor seguridad jurídica a los proyectos de inversión que se desarrollen en estas regiones.
Entre los cambios que estudian los equipos técnicos del Ejecutivo se encuentra la reducción de las zonas protegidas, limitando la protección solo a aquellas áreas de roca o escombros activos con una superficie mínima de una hectárea y que cumplan una función hídrica relevante. Esto dejaría fuera de la protección a muchos sectores que hoy están dentro del Inventario Nacional de Glaciares.
Aunque el oficialismo asegura que mantendrá el resguardo sobre los glaciares cubiertos y descubiertos y continuará exigiendo rigurosos informes de impacto ambiental, también apunta a ampliar las atribuciones provinciales para regular y autorizar la instalación de industrias en los territorios.
El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, lidera la redacción del decreto, con la participación de la Secretaría de Energía y de la Secretaría Legal y Técnica. Estas modificaciones forman parte de una agenda que el Gobierno intentó incluir en proyectos de ley al inicio de la gestión, pero que fueron retirados ante la falta de apoyo legislativo y la fuerte oposición de sectores ambientalistas.
La iniciativa también está relacionada con propuestas para flexibilizar el manejo de bosques nativos, generando preocupación en organizaciones nacionales e internacionales. En febrero de 2024, la ONU advirtió a Argentina que estos cambios podrían afectar las garantías para la protección ambiental y el trabajo de defensores de derechos humanos, calificando las modificaciones como “regresivas”.