El presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Daniel Zelaya, encontró una piedra inesperada en su carrera política, al aparecer una denuncia por abuso sexual en perjuicio de una niña, con gravísimas acusaciones que pueden poner fin a su trayectoria pública.
Se trata de una cuestión de alta gravedad, que no es un simple rumor o chusmerío: la supuesta víctima hizo la denuncia formal en la justicia y además narró con lujo de detalles el caso en las redes sociales: no de manera anónima, sino dando su nombre y apellido.
Según el relato de la denunciante, ella integraba una familia que era muy amiga de la familia de Zelaya, cuando ella tenía 8 años y él rozaba los 18. En esa época es que la pequeña habría sido víctima de agresiones sexuales por parte de quien es hoy la máxima autoridad del Concejo Deliberante.
La mujer explicó que no se atrevió a plantar lo ocurrido por el vínculo entre las familias, y por el miedo a la reacción, algo que sufren muchas víctimas de delitos de esta clase.
Dijo que intentó suicidarse, que atravesó un calvario, hasta que haciendo terapia pudo encaminar su situación emocional y decidió contar lo vivido.
La mujer, hoy casada y madre de una niña, relató que se decidió a actuar cuando su hija cumplió la edad que ella tenía al ser abusada.
En su relato detalla también que le hizo saber de la denuncia a Zelaya, y que éste habría respondido ofreciéndole dinero para que el caso no trascienda.
Zelaya se mantiene en silencio, pero llamó la atención que sus abogados dijeran sobre el hecho que “ya prescribió”, en lugar de decir que nunca ocurrió.
Como sea, será importante que la justicia actúe y resuelva. Si se comprueba la culpabilidad del concejal, sus aspiraciones políticas se habrán derrumbado, y seguramente ni siquiera podrá seguir ejerciendo como edil.
En el peronismo ya le habrían “soltado la mano” y esperan que la cuestión judicial se aclare, pero no habrá defensa corporativa ni mucho menos. Los tiempos ya no permiten esas jugadas, y nadie querrá acompañarlo por los campos de la condena social, que asoma en estos casos más peligrosa que la judicial.
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