Dicen que la Justicia es ciega, vaya a saber. De lo que no hay dudas en Catamarca es que la Justicia Federal es sorda, porque hace semanas que se acumulan denuncias por el escándalo local de los Vacunatorios VIP; y nadie movió un dedo. O muda, porque nadie dice nada.
Mientras en distintos puntos del país se hicieron allanamientos, indagatorias e investigaciones para comprobar si se violó el régimen de vacunación, postergando a personal esencial y ancianos para favorecer a parientes y amigos; aquí nio pasó nada.
No se sabe si el juez Miguel Contreras leyó las denuncias, si las tiene para emparejar las patas del escritorio o si las tiraron a la basura. No se sabe nada porque jamás respondió.
Bien podría haber desestimado las presentaciones legales o darle curso, pero esta ausencia total de reacción no se entiende, y permite oler cierta complicidad con quienes pudieron ser responsables de alterar el cronograma de aplicación de la vacuna.
El Gobierno, a tono con esa pasividad, mira distraído hacia otro lado y no hizo el menor gesto por dar a conocer la lista de vacunados.
Ese registro existe porque la vacunación requiere mínimo de dos dosis, es decir que habrán anotado, aunque sea en un papelito, quiénes recibieron la primera dosis. Y pasados un par de meses no lo dicen: si no lo dicen ni muestran la lista, bien puede pensarse que es porque en esa lista figuran amigotes, parientes, choferes y acomodados de todos los colores.
La impresión de que se están “cajoneando” las denuncias crece día a día, y a pocos parece importarle.
Hugo Ávila, diputado de Unidad Ciudadana, comentó su desazón por la falta de respuestas del Juez Federal e interpretó que Contreras directamente entorpece la causa: “este escándalo es terrible porque en el medio está la salud de la población y se vacunó a gente relacionada con el poder”, dijo el “Grillo”.
“No puede ser que una banda que ocupa el poder esté violando las prioridades”, sostuvo y aseguró que ellos reclaman que se haga justicia, para lo cual sobre los responsables “debe caer el peso de la ley”.
Avila enfatizó que la justicia local es adicta al gobierno de turno y que hay que seguir esperando que resuelva, mientras tanto los acusados pueden esconder pruebas.
“La justicia en el país ya se expidió y aquí no; lamentablemente puede morir gente porque se le quitan dosis de vacunas”, declaró el tinogasteño.
A su denuncia se sumó la de los legisladores de la oposición, que pidieron allanamientos y medidas concretas, sin que nadie les prestara atención.
Un panorama oscuro donde al mal accionar del gobierno parece que se le suma el mal accionar judicial. Los perjudicados: médicos, enfermeros, docentes, ancianos y policías que deberían estar vacunados y no tienen quien los defienda.