Las universidades están siendo utilizadas como pantallas o intermediarias para que el gobierno pueda contratar de manera directa servicios brindados por los empresarios, pagando un sobreprecio y sorteando las licitaciones. El modus operandi es simple: el gobierno contrata a la universidad para brindar un determinado servicio y la universidad, a su vez, contrata a una empresa para que lo realice. Así todos ganan: la universidad, ya que gracias a esta actividad de tercerización encubierta se queda con una diferencia; la empresa, que puede facturar más caro porque esquivó la competencia que supone una licitación, y los funcionarios, quienes se quedan con una parte del sobreprecio que termina pagando el Estado. Esta metodología delictiva se lleva adelante valiéndose de la legislación actual. Siendo organismos públicos sin fines de lucro, las universidades públicas se encuentran habilitadas para firmar convenios con el Estado (del cual son parte), pasando por encima de la legislación sobre las compras públicas, regulada por la Ley nacional de Contrataciones, la cual exige la competencia de oferentes. El Estado no sólo se ahorra el llamado a la licitación pública, sino también la publicidad de las convocatorias, dejando librado a los “amigos” la realización de los convenios. “La clave del atajo de los convenios es que los controles son definitivamente menores. No existe la transparencia de los procesos licitatorios o de selección de personal, y quedan expuestos, únicamente, a las auditorías de las propias universidades y a las revisiones de cada tanto de la AGN y la Sindicatura General de la Nación (Sigen)”, que no se realizan desde hace años
El tema, sin embargo, no concluye aquí. Este tipo de convenios son una vía privilegiada para la incorporación de empleados públicos al Estado. Son hoy incalculables, se habla de miles, los empleados que el gobierno nacional incorpora gracias a convenios de “asistencia técnica” de las universidades.
Muchos asesores y empleados de mediano cargo están hoy en el Estado gracias a este tipo de convenios. No cobran el sueldo de sus ministerios y ni siquiera figuran como empleados en las planillas. Reciben su salario directamente de las universidades, a las que el Tesoro Nacional les gira los fondos en el marco de los convenios. Las universidades se quedan con un 10% del convenio en calidad de administradoras.
Este proceso de corruptela actúa como un factor de descomposición de la universidad pública en todos sus niveles, involucrando al conjunto de las camarillas universitarias. No es casual que los llamados “recursos propios” sean uno de los secretos mejor guardados por las camarillas.
De esta manera, los negociados y las corruptelas son un factor disolvente, alimentando las fuerzas centrífugas al interior de la universidad pública. Así, en una misma universidad o facultad, puede haber docentes con salarios muy desiguales, dependiendo de los negocios o acuerdos que sus cátedras han suscripto. Los principales beneficiados son los “profesores”, las cabezas de las cátedras, que se quedan con la mayor parte de los ingresos; por otro lado, nadie se mete con un “profesor” dado que en el régimen universitario con su voto ponderado, el voto de un profesor vale oro.
Todo ello por no hablar de la vida de lujos que se regalaron durante décadas las autoridades universitarias, el uso de las facultades como plataformas políticas y aguantaderos de militantes a sueldo.
¿Defendamos la universidad pública y la educación? Sí… pero sin estos curros y negociados enquistados.
Una última cosa: estas consideraciones no vienen de La Libertad Avanza ni de la derecha: fueron denuncias de Prensa Obrera, órgano de prensa de la Izquierda, durante el kirchnerismo. Más claro echale agua.
El catucho