Desde hace casi una década que distintos sectores de la comunidad catamarqueña vienen reclamando lo mismo: información sobre el gasto público, transparencia en el manejo de recursos estatales, rendición de cuentas, números claros.
Es algo básico y elemental, pero los gobiernos pasan y nadie responde.
Hubo reclamos formales e informales. Hubo pedidos de informe de la oposición, hubo notas periodísticas, hubo recursos formales, pero nada.
Funcionarios de todos los niveles hacen lo mismo. Se comportan como si el manejo de dinero público fuera una cuestión de su intimidad, y hasta se molestan si se les hace una consulta.
En Catamarca es imposible saber qué hacen los funcionarios con el dinero de todos, porque se manejan como si fuera de ellos. No se sabe cuánto se gasta en campañas, en pautas publicitarias, en contrataciones de agencias, en encuestas, en parque automotor, en alquileres, en proveedores.
Es un pacto de silencio grosero y alevoso, preguntas que hace diez años no tienen respuesta y siguen sin intención de responder.
Ahora están en campaña, hay decenas de puestos legislativos en juego, y no hay un candidato que haya puesto el acento en este tema: parece que es como una cofradía en la que todos los que van llegando se acoplan al mandato de no responder.
Los lamentables spots de campaña, vacíos y dirigidos a gente estúpida, carecen de todo contenido. Insisten con el mensaje “emotivo”, la musiquita lacrimógena y no se les cae una propuesta, un proyecto concreto, nada.
Una sugerencia, podrían armar uno que diga “Querida Catamarca, vamos a rendir cuentas de lo que hacemos con el dinero público”, pero seguro que no aceptan.
Hay otros lugares del país donde se quiere avanzar en serio sobre este tema, y uno es Tierra del Fuego, donde desde el Tribunal de Cuentas de la provincia sureña se impulsó un proyecto de ley denominado “Ley de Transparencia activa del Sector Público Provincial”, que fue remitido a la Cámara Legislativa para su tratamiento.
Su génesis está directamente vinculada con el derecho que tiene el ciudadano de conocer cómo se gestionan los recursos del estado. Ese acceso real a la información es un derecho imprescindible de la sociedad, y demanda un esfuerzo extra de quienes deben velar por el resguardo de los asuntos públicos.
Como aspecto central, se persigue ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, estableciendo obligaciones a cargo de los responsables públicos que hacen al buen gobierno, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
En ese sentido, se impulsa la unificación normativa, la consolidación de criterios, la simplificación en el intercambio de información, la optimización en el análisis de los datos y la garantía de que aquellos en tanto conforman la Cuenta de Inversión del presupuesto provincial ejecutado en cada ejercicio económico estén a disposición del Legislador, de los Organismos de Control y de la sociedad en general, de manera oportuna, adecuada y veraz, sin necesidad de efectuar requerimientos previos.
Se dirá que en todos lados hay Tribunales de Cuentas… y sí. En Catamarca son unos leones investigando. Ya están revisando expedientes de 1967 y 1968: van a ritmo de tortuga en multas con reuma y jamás pusieron en aprietos a un ministro, un secretario, si qué hablar de un gobernador. ¿Cómo lo van a hacer si son una casta que nombra a sus hijos y cuida su quintita y nada más? Por ejemplo ahora, para investigar lo que hizo en la gestión anterior el Ministerio de Hacienda… pusieron en el Tribunal de Cuentas al exministro de Hacienda. ¡Se va a denunciar a sí mismo o va a descubrir que todo está maravillosamente bien? Hagan sus apuestas.
Pero hay algo más novedoso en el proyecto fueguino, y es que incluye en las rendiciones de cuentas a las empresas estatales, ese agujero negro del que se usa y abusa en Catamarca para licuar fondos públicos. Millonarios aportes, más y más y más empresas y dinero que se filtra eludiendo todo control.
El proyecto fueguino establece que los controles alcanzarán a todo el Sector Público Provincial y a los fideicomisos públicos o fondos fiduciarios integrados con bienes y/o fondos del Estado provincial.
Al respecto, se aclara que entre los sujetos obligados, se incluye a las empresas y sociedades del Estado provincial, sean sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta u organizaciones empresariales en que el Estado provincial tenga participación mayoritaria en su capital o en la formación de las decisiones societarias, pertenezcan éstas al sistema financiero o no financiero.
De convertirse el proyecto en ley, se producirá una reorganización en la exposición de los circuitos administrativos que permitirá que las decisiones que implican erogaciones de fondos provinciales, sean cada vez más transparentes.
Eso es elemental, pero en Catamarca no va a pasar. Acá tenemos a los “dueños” del Estado que hicieron, hacen y harán lo que quieren con nuestro dinero, sin rendir cuentas jamás.
La visión del catucho