La última vez que Ada Rizzardo y Elías Morales vieron con vida a su hija María Soledad fue la noche del viernes 7 de septiembre de 1990, cuando la joven de 17 años se despidió de ellos para ir a una fiesta en la discoteca Le Feu Rouge.
Los padres de María Soledad le habían dado permiso para, después de terminada la fiesta, ir a dormir a la casa de una compañera de colegio. Les dijo que dormiría hasta tarde y que volvería alrededor de las cuatro de la tarde del día siguiente.
No volvió. Una cuadrilla de trabajadores de Vialidad Nacional encontró su cadáver –en realidad el de una joven desconocida– el lunes 10 a las 9.30 de la mañana a la vera de la Ruta 38 en Parque Daza.
El cuerpo de la joven estaba muy golpeado, con quemaduras de cigarrillo, y el rostro desfigurado con la mandíbula fracturada. Le faltaban parte del cuero cabelludo, las orejas y uno de los ojos. Elías Morales pudo reconocer a su hija por una pequeña cicatriz que tenía en una de sus muñecas.
La policía catamarqueña no demoró en hacer correr una versión poco creíble, que apuntaba a dejar fuera de foco a “los hijos del poder”. La muerte de María Soledad, señalaba, había sido sorprendida por un grupo de vagabundos cuando caminaba al costado de la Ruta 38.
A nadie se le escapó que apuntaba a responsabilizar a los padres de la joven e, indirectamente, culpar a la víctima por haber sido asesinada.
La hipótesis se caía sola y la policía no tenía una sola prueba para sostenerla. La siguiente opción que se barajó apuntaba a Ruth Salazar, la mujer de Tula, que la habría matado por despecho y su marido había ayudado a encubrirla.
Pero los pocos testimonios comprobables que había señalaban a Tula y a “los hijos del poder” con los que se encontró en la discoteca Clivus, especialmente a los hermanos Jalil, Guillermo Luque, Méndez, Ibáñez, Arnoldito Saadi y Miguel Ferreyra, hijo del jefe de policía.
Las marchas del silencio
Para reclamar justicia para la joven asesinada, la rectora del Colegio del Carmen y San José, la monja Martha Pelloni, organizó y se puso al frente de una serie de “marchas del silencio”, de las que también participaron los padres de María Soledad.
Esas movilizaciones con el tiempo resultaron decisivas para impedir el encubrimiento del crimen, sobre todo porque lograron rápidamente el apoyo de amplios sectores en todo el país, conmovidos por el caso y la impunidad de sus autores.
El 17 de abril de 1991 – siete meses después del crimen –el presidente de la Nación, Carlos Menem, ordenó la intervención de la provincia de Catamarca, lo que quitó resortes de poder para continuar con el encubrimiento.
Juicios
Hubo que esperar hasta 1996 para que se iniciara el juicio oral por el asesinato de María Soledad. Los imputados fueron Guillermo Luque y Luis Tula. El primer tribunal adoptó una actitud escandalosa a favor de los acusados, sobre todo de Luque.
La televisación nacional del proceso resultó decisiva para que no se cometiera una nueva injusticia. En la transmisión se vieron claramente los gestos de uno de los jueces, Juan Carlos Sampayo, que daba constantes muestras de parcialidad. El escándalo obligó a anular el juicio.
Al año siguiente se realizó un nuevo juicio, que finalmente produjo dos condenas. El 27 de septiembre de 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad (cumpliría sólo 14 años entre rejas), mientras que Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación.
El tribunal también ordenó que se investigara el encubrimiento. Se señalaba como sospechosos al ex gobernador Saadi, al jefe policía Ferreyra y la plana mayor de la fuerza, y a otros funcionarios presuntamente involucrados. Esa línea de investigación nunca se llevó a cabo.