Esta semana, la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados no fue convocada por el oficialismo, dejando en incertidumbre el calendario de actividades para la semana próxima. Pese a esta pausa, las negociaciones entre el oficialismo y la oposición siguen activas. Los libertarios mantienen su objetivo de obtener dictamen del Presupuesto 2025 hacia mediados de noviembre para alcanzar media sanción antes de la primera quincena de diciembre.
Desde la oposición persisten dudas sobre el cronograma propuesto, pues varios reclamos centrales de las provincias y sectores dialoguistas aún no se han resuelto. “Se han hecho avances y se incorporaron aportes en la redacción de algunos artículos”, afirmaron fuentes del radicalismo. Sin embargo, las funciones que el Gobierno central busca transferir a las provincias siguen generando debate en torno a los recursos, una cuestión que aún no tiene solución.
Uno de los puntos conflictivos es la redistribución del impuesto a los combustibles. Actualmente, lo recaudado se destina a seis áreas específicas, incluidas obras públicas y subsidios al transporte, aunque la falta de ejecución de estas partidas ha llevado al Gobierno a retener los fondos para equilibrar el presupuesto. “Que los fondos vuelvan a la masa coparticipable, con 56% para las provincias y 44% para la Nación. Cada distrito definirá cómo subsidiar el transporte, pero con los recursos en su control”, señalaron fuentes de un bloque dialoguista.
Otra disputa involucra a ARCA, la agencia que reemplazó a la AFIP, que recibe el 1,9% de la recaudación total neta para su financiamiento. Según la oposición, si el Gobierno ha reducido personal para ahorrar costos, los recursos fiscales provenientes de las provincias deberían reincorporarse a la masa coparticipable.
El uso de los Aportes del Tesoro Nacional, un fondo que históricamente se ha distribuido de forma discrecional, también es cuestionado ya que su asignación actual se ha reducido al mínimo. En cuanto a la obra pública, el PRO exige la reactivación de proyectos que ya tienen convenios firmados con la Nación, particularmente en distritos como Entre Ríos, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, gobernados por sus representantes.
Además, algunos gobernadores manifestaron preocupación al observar que varios convenios entre Nación y provincias no figuran en las planillas del Presupuesto. “Nos prometieron nuevas planillas, pero aún no se han entregado. Quizás sea necesario incluir los convenios en el proyecto”, explicaron fuentes provinciales.
La UCR y los bloques de Pichetto y la Coalición Cívica también exigen que el Gobierno restablezca el artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que establece que el gasto consolidado en educación (nación, provincias y CABA) no debe ser inferior al 6% del PBI.
Mientras que PRO y UCR continúan negociando en términos positivos, los diputados de Encuentro Federal expresaron que el Gobierno rechazó sus propuestas. Estos, liderados por Miguel Ángel Pichetto, buscan mejorar las jubilaciones, incorporar el bono al haber y garantizar su actualización automática, así como incrementar los fondos para universidades y asegurar la transferencia a las cajas previsionales provinciales.
Para financiar estas mejoras, proponen reducir partidas de la Jefatura de Gabinete, la SIDE y la Secretaría General de Karina Milei, además de limitar ciertas exenciones de IVA y Ganancias, y recortar el cupo fiscal para empresas de Economía del Conocimiento de $195.000 millones a $30.000 millones, afectando principalmente a grandes compañías como Mercado Libre y Globant.
“No queremos depender del Gobierno, por eso estamos trabajando en un dictamen propio para seguir adelante con el debate”, enfatizaron desde la oposición.