El diputado provincial Hugo Daniel Ávila presentó una denuncia penal contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, acusándolo de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, tras el dictado del Decreto Acuerdo N.º 142/2025.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Provincia, sostiene que el decreto firmado por Jalil el 31 de marzo y publicado el 11 de abril en el Boletín Oficial, modifica sustancialmente la base de cálculo de los aportes obligatorios a la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca (OSEP). El nuevo esquema fija el aporte en el 80% del promedio salarial de todos los escalafones públicos, en reemplazo del salario mínimo vital y móvil.
Según el legislador denunciante, esta medida fue tomada sin urgencia ni consulta legislativa, a escasos días del inicio de las sesiones ordinarias, violando el principio de división de poderes y afectando derechos laborales y patrimoniales de los trabajadores estatales.
Además, Ávila argumenta que la modificación favorece económicamente a un grupo de prestadores de servicios médicos vinculados al entorno familiar y comercial del gobernador. Esto, según el texto de la denuncia, configuraría un “conflicto de interés evidente” y un uso fraudulento del poder ejecutivo para redirigir fondos públicos.
En la presentación se citan posibles infracciones a los artículos 248 (abuso de autoridad), 265 (negociaciones incompatibles) y 174 inciso 5º (administración fraudulenta) del Código Penal, además de la posible inconstitucionalidad del decreto según la Constitución Nacional y la Provincial.
El diputado solicitó también una serie de medidas probatorias, como informes detallados sobre contratos firmados por OSEP y la investigación de posibles vínculos societarios entre las empresas beneficiadas y allegados al mandatario.
La denuncia concluye solicitando la nulidad absoluta del decreto, la suspensión urgente de sus efectos y la apertura de una investigación penal.