“El reciente anuncio del Poder Ejecutivo Provincial sobre la implementación de un Código Tributario Municipal único es una muestra clara del desdén con el que se trata la autonomía de los municipios de Catamarca” expresa parte de los fundamentos del proyecto de Declaración que ingresaron la diputada Silvana Carrizo y el diputado Mamerto Acuña de la UCR.
De acuerdo con el articulado, en la iniciativa se expresa la profunda preocupación por el avance del Poder Ejecutivo Provincial sobre las competencias y funciones de los municipios, mediante la propuesta de un Código Tributario Municipal único, que amenaza con cercenar la autonomía garantizada por la Constitución Provincial, pidiendo además que se declare la inconstitucionalidad de cualquier intento del Poder Ejecutivo de imponer un Código Tributario Municipal a nivel provincial, toda vez que tal medida contradice lo dispuesto en el Artículo 252 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, que establece las competencias y atribuciones exclusivas de los municipios.
A partir del proyecto que tomó estado parlamentario durante la décima quinta sesión, también se insta a los municipios de la Provincia de Catamarca a hacer valer sus derechos constitucionales, impidiendo la injerencia del Poder Ejecutivo en sus competencias y garantizando su autonomía en la elaboración de ordenanzas y códigos tributarios, conforme a sus propias realidades y necesidades.
De igual manera, se rechaza cualquier acuerdo o decisión tomada por el Poder Ejecutivo con sectores mineros u otras entidades privadas que excluya a los municipios de la provincia, particularmente en lo referente a la recaudación y gestión de tributos derivados de la actividad minera en sus respectivas jurisdicciones.
“Solicítase al Poder Ejecutivo que se abstenga de continuar con cualquier acción que implique la imposición de un Código Tributario Municipal único, y que, en su lugar, promueva un diálogo amplio e inclusivo con los 36 municipios de la provincia, respetando su autonomía y fomentando la cooperación en lugar de la subordinación” plantean los Legisladores subrayando que este proceder no solo es antidemocrático, sino que además se asemeja peligrosamente a las prácticas de un régimen monárquico, donde las decisiones se toman unilateralmente y se imponen sin consultar a aquellos que se verán directamente afectados.