Este lunes 8 de julio vence uno de los principales instrumentos de poder con los que contó el presidente Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada: las facultades delegadas que le permitieron legislar sin pasar por el Congreso en materia económica, administrativa y energética.
Otorgadas por la Ley Bases, aprobada en junio, estas atribuciones excepcionales permitieron al Poder Ejecutivo avanzar en una serie de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y resoluciones de gran impacto, especialmente en el marco del plan de ajuste estatal que impulsa el oficialismo.
En las últimas semanas, el Gobierno apuró medidas bajo este paraguas: la reestructuración de Vialidad, la fusión de entes reguladores como el ENRE y Enargas, y el recorte en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, entre otras acciones de alto impacto simbólico y presupuestario. Solo hasta mayo, se eliminaron más de 50.000 empleos públicos, con múltiples organismos intervenidos o en proceso de liquidación.
Desde el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, relativizan la pérdida: aseguran que las facultades explican apenas un 5% del plan de desregulación ejecutado hasta el momento. Sin embargo, admiten que muchas de las acciones más ambiciosas se escudaron en esta habilitación legal que ahora deja de estar vigente.
La caída de las facultades delegadas marca un cambio estructural en la dinámica del poder ejecutivo, que ya no podrá legislar por decreto en las áreas que abarcaba la Ley Bases. A partir de ahora, cada norma deberá discutirse en el Congreso, donde Milei no tiene mayoría y enfrenta una oposición que comenzó a coordinarse de manera más activa, especialmente tras el intento oficial de intervenir organismos federales sin consulta.
El vencimiento llega además en medio de una creciente tensión con gobernadores, muchos de los cuales reclaman una recomposición de los fondos coparticipables y partidas para obras viales, en un contexto en que el Gobierno impulsa fuertes recortes en infraestructura y gasto provincial.
La gobernabilidad entra así en una nueva etapa: sin “superpoderes”, el presidente deberá negociar caso por caso y buscar consensos para sostener su plan de reformas. El margen de maniobra se reduce, justo cuando el desgaste institucional y social empieza a sentirse y las demandas de las provincias y sectores postergados se intensifican.