No llegar a un acuerdo con el FMI o, lo que es lo mismo, caer en default con el organismo, llevaría a la Argentina a un escenario totalmente desconocido y peligroso. No sólo se desataría una fuerte crisis de confianza (mucho peor a la actual), que podría generar fuertes impactos sobre el tipo de cambio y los precios. Además, el país perdería acceso en forma casi absoluta a cualquier financiamiento internacional, por ejemplo de parte de organismos multilaterales, el Club de París y posiblemente de otras naciones que hoy están dispuestas a seguir apostando a la Argentina, como es el caso de China.
Posiblemente sea por esto que el Gobierno se esmera en sostener que las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo con el FMI están “encaminadas”. Claro que, al mismo tiempo, el propio Alberto Fernández le dijo ayer a empresarios que tendrán que tener paciencia. El propio Presidente les aseguró que la intención es llegar a un entendimiento en el primer trimestre de 2022.
No queda mucho margen para seguir estirando los plazos, porque a fin de marzo cae un vencimiento de capital de USD 4.000 millones que el país no podría afrontar. Durante todo el año que viene habría que pagarle al FMI, si no hubiera un acuerdo que permita patear esos vencimientos para adelante, unos USD 18.000 millones y otros USD 17.000 millones adicionales en 2023.
Pero mientras tanto no habrá otro remedio que afrontar los pagos hasta fin de año, que podrían haberse refinanciado con un acuerdo. En noviembre vencen casi USD 450 millones de intereses y en diciembre USD 1.900 millones en concepto de pago de capital.
La tarea reviste tal nivel de complejidad que el propio FMI se abstuvo de realizar un pronóstico de inflación para el 2022, aclarando que primero es necesario conocer cuál será el contenido del futuro acuerdo. En otras palabras, la inexistencia del mismo generaría un mayor desarreglo monetario y cambiario, agravando notablemente los desequilibrios que acumula la economía argentina.