Durante la jornada del Paro Nacional y movilización convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), se llevó a cabo un acto frente al Congreso en el cual los dirigentes sindicales Pablo Moyano y Héctor Daer expresaron su rechazo a la Ley Ómnibus que será sometida a votación el próximo jueves en la Cámara de Diputados.
Pablo Moyano, cotitular de la CGT y referente de Camioneros, afirmó que “este jueves se define si los diputados están con los trabajadores o las corporaciones” y solicitó enfáticamente: “Les pedimos que no traicionen a los trabajadores. Un peronista no puede votar este DNU”.
Dirigiéndose al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Moyano advirtió: “Le digo al ministro de Economía que si lleva estas medidas económicas de hambre y ajuste, los trabajadores, jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas, pero al Riachuelo”.
En otro momento de su intervención, cuestionó la exclusión de YPF del listado de empresas estatales a privatizar, preguntando: “¿Por qué YPF no se privatiza y las otras empresas (del Estado) sí?”. Además, alertó sobre las consecuencias de privatizar empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación y Radio Nacional, sosteniendo que ello dejaría a millones de trabajadores en la calle.
Asimismo, el dirigente sindical se manifestó en contra de la posible reinstauración del impuesto a las Ganancias para cerca de 800.000 trabajadores formales, desafiando al Gobierno al afirmar: “Que no se les ocurra volver a poner el impuesto a las Ganancias, si son tan guapos suban el impuesto a las grandes fortunas”.
Héctor Daer, secretario de la CGT, hizo hincapié en la progresividad de los derechos, destacando que “no pueden volver atrás” según lo establece la Constitución. Criticó duramente las reformas propuestas por la Ley Ómnibus, argumentando que desregular la economía conlleva la destrucción de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, así como la amenaza a la existencia de los sindicatos.
El dirigente sindical también señaló que las medidas del gobierno atacan “la cultura, a privatizar el deporte, la ciencia y la educación”, subrayando la amplitud de las implicaciones de la controvertida ley.
