En una decisión que tomó por sorpresa a más de uno, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender todos los procesos vinculados al juicio por la expropiación de YPF hasta que se defina la cuestión central del caso: si el fallo que condenó al país a pagar unos 18.000 millones de dólares es válido o no.
La medida implica, en los hechos, frenar el avance de las demandas impulsadas por el fondo Burford Capital y dejar en stand by tanto el proceso de “discovery” —la etapa de exhibición de pruebas— como los intentos de embargo de activos argentinos en el exterior.
Para el Gobierno, el impacto es inmediato. La Procuración del Tesoro de la Nación, hoy encabezada por Sebastián Amerio, gana margen de maniobra: se suspenden las audiencias previstas y también los pedidos para acceder a documentación sensible, incluidos correos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores, entre ellos el ministro Luis Caputo.
Un elemento clave en este giro fue el respaldo explícito de la Departamento de Justicia de Estados Unidos. El organismo presentó un escrito ante la Cámara en el que cuestionó la ofensiva de Burford por considerarla “excesivamente intrusiva” y potencialmente violatoria de la soberanía argentina. También advirtió sobre un posible efecto espejo: habilitar este tipo de medidas podría exponer a funcionarios estadounidenses a acciones similares en tribunales extranjeros.
La suspensión alcanza además el intento de declarar en desacato a la Argentina, una herramienta con la que los demandantes buscaban presionar por la entrega de información. El tribunal fue claro: no tiene sentido avanzar con sanciones mientras la sentencia principal siga bajo revisión.
En el ámbito judicial, la lectura es bastante uniforme: se trata de un freno a una estrategia que la defensa argentina venía denunciando como desmedida, orientada a forzar una negociación bajo presión.
De todos modos, el conflicto está lejos de resolverse. La Cámara ahora deberá meterse de lleno en el análisis de fondo: si la decisión de la jueza Loretta Preska respetó el marco legal vigente al momento de la estatización de YPF en 2012.
Mientras Burford sostiene que las chances de revertir la condena son bajas, en la Casa Rosada celebran este paréntesis como una oportunidad para reordenar la estrategia sin la amenaza inmediata de embargos sobre activos clave del país, incluidas las reservas del Banco Central.
