Una grave denuncia penal sacude los cimientos de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) en Catamarca. El diputado provincial Tiago Puente formalizó la presentación judicial contra las máximas autoridades de la institución, acusándolas de “desfinanciar la obra social para beneficiar a la familia Jalil”, en una maniobra sistemática que, según indicó, perjudica día a día a miles de afiliados.
La denuncia penal involucra directamente al director de OSEP, Leopoldo Marquetti; al gerente general, Horacio Campasso; y a Cintia Jalil, quien forma parte del comité evaluador de derivaciones médicas. “Hoy hay un caso puntual que nos ha servido de prueba para denunciar lo que los catamarqueños viven todos los días”, sostuvo Puente, al referirse a un afiliado que debió atravesar un verdadero calvario para acceder a la atención médica que necesitaba con urgencia.
Un caso que representa a cientos
El caso señalado en la denuncia es el de un afiliado cuya identidad no fue revelada por motivos de confidencialidad, pero cuyo recorrido por el sistema fue documentado y presentado como muestra del abandono. Según el relato del legislador, el paciente necesitaba una intervención quirúrgica especializada que debía realizarse fuera de la provincia por falta de profesionales en Catamarca. Sin embargo, OSEP rechazó la derivación fuera del territorio y optó por una maniobra costosa: traer al profesional de otra provincia a operar en el Hospital Monovalente “Carlos Malbrán” (ex Pasteur).
“Incluso obligan a médicos de otras provincias a venir a operar al Pasteur para que la obra social financie esa operación y le cueste más del doble”, denunció Puente. Esta práctica, según sostuvo, no solo resulta más cara para las arcas públicas, sino que implica un desprecio por la calidad de vida de los afiliados, a quienes se les niega la posibilidad de recibir atención en centros de alta complejidad que están preparados para casos específicos.
Puente remarcó que esta situación no es un hecho aislado. “Este es el caso de cientos que suceden a diario, producto de la peregrinación que deben hacer los catamarqueños cuando solicitan cobertura para sus tratamientos”, expresó.
Señalamientos de fondo: nepotismo y desvío de fondos
Más allá del caso concreto, la denuncia apunta a una presunta red de intereses personales y políticos. “Están desfinanciando la obra social de los empleados públicos para favorecer a la familia Jalil”, dijo el legislador de la oposición, en referencia al clan político que actualmente gobierna la provincia. La mención de Cintia Jalil como parte del comité evaluador refuerza las sospechas de nepotismo y direccionamiento discrecional en los procesos de derivación médica, autorizaciones de tratamientos y contrataciones.
Puente no dudó en calificar de “criminal” la decisión de desfinanciar una institución vital como OSEP en beneficio de acuerdos internos y privilegios. La denuncia solicita que se investigue a fondo el manejo administrativo, financiero y médico de la obra social, y reclama una auditoría externa que permita esclarecer los presuntos actos de corrupción y negligencia.
Contexto de descontento generalizado
El reclamo no es nuevo. Desde hace meses, se vienen acumulando quejas de afiliados por demoras en autorizaciones, rechazos sin fundamentos, falta de turnos médicos y negativa sistemática a derivaciones. La denuncia presentada por Puente suma ahora un respaldo judicial a esas voces, que en muchos casos no lograban trascender el circuito burocrático de la obra social.