Las ampliaciones presupuestarias más importantes se traducen en un incremento en las partidas para la ANSES (dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) que constituye el organismo operativo de una parte importante de las mencionadas medidas (IFE, ATP y bonos para jubilados y perceptores de la AUH, AUE).
La ampliación también prevé un incremento en las partidas para poder atender los servicios de la deuda pública correspondientes a amortizaciones del presente ejercicio.
El DNU también establece algunos incrementos para el Ministerio de Relaciones Exteriores en $200 millones a fin de fortalecer los recursos necesarios para la repatriación y ayuda a residentes argentinos que hayan quedado fuera del país al momento de la instalación del aislamiento social preventivo y obligatorio.
Además se resolvió la incorporación de un crédito en favor de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI (por la venta de inmuebles) y la reducción de gastos reservados de los cuales $88 millones serán destinados al Ministerio de Salud para políticas sanitarias.
Por último, se incrementan los créditos relacionados con las Obligaciones a cargo del Tesoro para poder atender las políticas económicas, sociales y de inversión pública necesarias.
En el incremento de las erogaciones, el Gobierno refuerza las partidas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en $267.000 millones; para el Ministerio de Desarrollo Productivo $37 millones, para el Ministerio de Salud $19.000 millones; el Ministerio de Obras Públicas recibirá $10.000 millones; el de Desarrollo Social $3.500 millones y los Ministerios de Seguridad y de Defensa $1.100 millones.
Para atender los gastos derivados de esta ampliación presupuestaria, se cubrirán con un incremento del cálculo de la recaudación a fin de adecuar a la evolución prevista en el primer semestre del corriente ejercicio de $113.000 millones y con las rentas de la propiedad por $385.000 millones.
En los considerandos de la medida, el Poder Ejecutivo señala que “la protección social y económica desplegada para morigerar el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio se implementó a través de distintos instrumentos. Entre las políticas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se incluye el Ingreso Familiar del Emergencia (IFE), la ampliación en las prestaciones vinculadas con el seguro de desempleo, el crédito a tasa cero para los monotributistas y autónomos, la postergación o reducción de hasta el 95% de los aportes patronales, y el salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP)”.
Más adelante menciona que “a estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables (AUH, AUE, jubilados que cobran la mínima, personas con discapacidad, entre otros) y a los sectores que enfrentan la crisis sanitaria en primera fila como son las y los trabajadores de la salud, de seguridad y las FF.AA”.
También se expresa que “en paralelo, el gobierno nacional tomó una serie de decisiones adicionales destinadas a contrarrestar el incremento de los gastos para las familias y las empresas, entre ellas, el congelamiento de las tarifas y la suspensión temporaria por falta de pago de los servicios públicos, el congelamiento de los alquileres, el pago en cuotas de los saldos en las tarjetas de crédito, la carga semanal de la tarjeta Alimentar, la suspensión de los desalojos y los préstamos a tasa fija para el pago de la nómina salarial y capital de trabajo con garantía estatal”.
