A más de un año de la trágica muerte de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado por un compañero en la ciudad de Laboulaye, Córdoba, su familia logró un fallo histórico en su contra del Estado provincial. El joven, que fue atacado de manera premeditada en junio de 2023, perdió la vida por un golpe mortal en la cabeza propinado con un caño metálico. El agresor, que fue declarado “no punible” por la Justicia, quedó en libertad y fue sometido a un tratamiento psicoterapéutico.
Mariela Flores, madre de la víctima, no ocultó su enojo ante el fallo judicial que permitió que el homicida quedara libre, afirmando que el sistema judicial había fallado a su hijo. “Nunca existieron los derechos para Joaquín. Mató y salió como si nada”, expresó visiblemente afectada. “Este hijo de puta me lo mató”, sentenció Flores sobre quien había sido su amigo.
La indignación de la madre la llevó a presentar una demanda civil contra el Gobierno de Córdoba por los daños y perjuicios causados por la falta de medidas de seguridad y control en el colegio IPEM 278 Malvinas Argentinas, donde ambos chicos cursaban el secundario. La demanda también incluyó a los directivos y docentes del establecimiento, señalando una cadena de negligencias que contribuyó a la tragedia.
Los demandantes argumentaron que el crimen no fue un hecho aislado, sino el resultado de múltiples fallos en el sistema educativo. Entre las irregularidades mencionadas, se destacó que el agresor, sin autorización, dejó su mochila en el colegio y salió del establecimiento sin ser detenido por las autoridades. Además, se señaló la falta de control en la entrada y salida de los estudiantes, y la tardanza de la docente de Tecnología, quien llegó al colegio minutos después de que los chicos debieran estar en clase.
Otro punto clave de la demanda fue la descoordinación en el registro de asistencia, que permitió que los chicos estuvieran fuera del aula sin que nadie lo advirtiera. Las deficiencias en la búsqueda policial también fueron mencionadas, ya que fue un vecino quien halló el cuerpo de Joaquín cuatro días después del crimen.
El Tribunal de Laboulaye, presidido por el juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata, dictó sentencia en febrero de 2025, determinando que el Gobierno de Córdoba era responsable civilmente por la muerte de Joaquín, debido a la negligencia de las autoridades educativas del colegio. La sentencia estableció que el colegio debía garantizar la seguridad de los estudiantes mientras estuvieran bajo su supervisión, algo que no ocurrió en este caso, permitiendo que el agresor saliera sin autorización y que Joaquín no llegara al aula.
El fallo obligó al Gobierno de Córdoba a indemnizar a la familia con 595.170.467,18 pesos, más intereses y costas del juicio. En la misma resolución, el tribunal eximió de responsabilidad a los padres del agresor, pues consideró que, en el momento del crimen, la custodia del menor recaía sobre la institución educativa.
A pesar de la condena, el Gobierno de Córdoba apeló la decisión, argumentando que el crimen ocurrió fuera del establecimiento y que no se podía haber previsto ni evitado.