Excarcelaron a tres militantes por el escrache a Espert, pero sigue detenida una concejal del Frente de Todos

Este sábado, el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro ordenó la excarcelación de tres militantes acusados en la causa que investiga el escrache frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido semanas atrás en el partido bonaerense de San Isidro. Los liberados son Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes permanecían detenidos desde el inicio del proceso.

En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que Alesia Abaigar, otra de las personas imputadas, ya se encuentra en su domicilio desde hace algunos días. La organización cuestionó duramente la causa judicial, señalando que “carece de consistencia” y reclamó por la liberación de Eva Mieri, concejal de Quilmes por el Frente de Todos, cuya prisión preventiva fue ratificada por el juzgado.

“El aparato punitivo del Estado está siendo utilizado para perseguir una acción política”, denunció el CELS a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde calificó como “legales pero equivocadas” las razones esgrimidas por el juez para mantener a Mieri detenida.

El expediente se originó tras una protesta política frente a la casa del legislador libertario, acción que desde diversos sectores fue interpretada como un escrache. A raíz de esa movilización, se impulsó una investigación penal por supuesta coacción agravada y se ordenaron detenciones que, con el paso de los días, comenzaron a ser puestas en duda por sectores judiciales, políticos y de derechos humanos.

La continuidad de la prisión preventiva de la edil quilmeña generó rechazo por parte de organizaciones sociales, sindicatos y dirigentes políticos que alertan sobre un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disidencia partidaria. Para estas agrupaciones, el caso representa un precedente peligroso en el marco de la creciente tensión política nacional.

Mientras tanto, los abogados defensores de Mieri ya preparan una nueva presentación para solicitar medidas alternativas a la prisión, mientras crecen las presiones para que la justicia revea su decisión en un contexto cada vez más observado desde organismos internacionales.