La desesperación del oficialismo por armar su propia Corte de Justicia tiene nombre y apellido: el de la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que cada día está más acorralada por las causas por corrupción.
Por eso los obedientes senadores, en lugar de trabajar para sus provincias, salen a publicitar los beneficios de una Corte “federal” con una multitud de integrantes en los que, vaya casualidad, el peronismo pasaría a tener mayoría y de ese modo podría cumplir el objetivo máximo, que es asegurar la impunidad de la mujer bajo cuya gestión se llenaron los bolsos de López.
Cristina entró al borde de la desesperación, y multiplicó sus ataques a la Justicia, sobre todo porque una de las causas ya la tiene arrinconada, y podría llevarla a la cárcel.
Entre las muchas causas en su contra, una de las más avanzadas y que no muestra muchos caminos para zafar, es la “causa Vialidad”, en la que está procesada por asociación ilícita y defraudación al Estado por el direccionamiento de obra pública en beneficio de las empresas de Lázaro Báez, un multimillonario amigo de la casa.
La vicepresidenta trató de impugnar ese proceso por tres cuestiones: porque se habría omitido la producción de ciertas pruebas; por la intervención de los jueces de la Sala IV de la Casación –en vez de la Sala I–, y porque una parte de estos hechos ya habría sido analizada por la Justicia de Santa Cruz, de modo que sería un caso de “cosa juzgada” o de “persecución penal múltiple”.
La Corte desestimó los tres planteos y subrayó las falencias de la defensa en la elaboración de los recursos.
Por ejemplo, en cuanto a las pruebas no producidas, ya los jueces del Tribunal Oral supieron explicar que las rechazaban por considerarlas “superabundantes o impertinentes”.
Y la Sala IV, cuando intervino, declaró inadmisible el recurso de la vicepresidenta porque no se manifestaba contra una sentencia definitiva.
Esta es la visión que asumió la Corte. En consecuencia, “los agravios” que presume Cristina Kirchner “se tornan hipotéticos y conjeturales, y su tratamiento, por prematuro, improcedente”.
En cuanto a la impugnación de la Sala IV, la Corte advirtió que el planteo de la defensa era deficiente por omitir que la Sala I, en su momento, rechazó la petición de apartarla.
Sobre la supuesta “cosa juzgada” en Santa Cruz, que también supieron refutar el Tribunal Oral y la Sala IV, a la Corte le llamó la atención la falta de consistencia: el escrito no intentó rebatir los argumentos que se esgrimieron en contra de su perspectiva y ni siquiera contenía “una descripción prolija y suficiente” del punto.
Los jueces de nuestro máximo tribunal remarcaron, además, un hecho elemental: hubo causas tramitadas en Santa Cruz vinculadas con la obra pública, es cierto, pero en ninguna de ellas Cristina Fernández estuvo acusada.
Por lo tanto, ¿qué “persecución penal múltiple” podría detectarse?
Con todo, como la defensa de la vicepresidenta se basa en la teoría del lawfare, la Corte no dejó de analizarla. Cristina Kirchner entiende que se lleva adelante “una simulación de juicio, carente de todo contenido jurídico y probatorio”, y que “se habrá de intentar utilizar este expediente con fines políticos e impropios, poniendo en riesgo las instituciones democráticas del país”.
La Corte le respondió que sus dichos son “meras conjeturas sin sustento en las constancias de la causa”.
Así queda despejado el camino para el tramo final del juicio oral. En su alegato, la Fiscalía podría solicitar una condena de entre cinco y 16 años de prisión.
En Catamarca el gobierno se está armando una justicia propia, para que los jueces sigan siendo un traje a medida de sus necesidades. En Nación falta un sastre. Y los sumisos representantes provinciales, aduladores de Cristina, no piensan en otra cosa que conseguírselo.