El Gobierno activó una nueva estrategia para frenar la suba del dólar y controlar la inflación: el plan “Tormenta de Dólares”. Bajo la conducción directa del presidente Javier Milei, la iniciativa busca empujar el tipo de cambio hacia los $1.000 mediante una serie de medidas contundentes que combinan incentivos al agro, apertura financiera y disciplina monetaria.
El presidente envió dos señales claras al mercado: advirtió al campo que a partir de junio aumentarán las retenciones si no aceleran la liquidación de divisas, y adelantó que el Banco Central solo intervendrá para comprar dólares cuando la cotización llegue al piso de la banda cambiaria, es decir, $1.000. La intención es clara: dejar caer el dólar para contener la inflación y apuntalar el programa económico.
Esta estrategia ya comenzó a mostrar efectos. En el debut del nuevo esquema, el dólar retrocedió con fuerza tras el ingreso de USD 13.500 millones del FMI y el Banco Mundial. Estas divisas, junto con el inminente ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, construyen una barrera sólida frente a presiones especulativas, al menos en el corto plazo.
Aunque hay dudas sobre si el campo liquidará los USD 25.000 millones estimados, debido a la baja del precio internacional de la soja y la pérdida de atractivo del dólar blend, se espera que entre fines de abril y mayo se concrete un volumen importante de ventas, que profundizarían la baja cambiaria.
Además, se sumó un factor clave: la apertura del mercado de cambios a inversores extranjeros, quienes ahora pueden ingresar divisas y mantenerlas en el país durante al menos seis meses. Esta medida busca atraer capitales especulativos que refuercen la oferta de dólares y presionen aún más a la baja el tipo de cambio.
En este contexto, bancos internacionales como JP Morgan comenzaron a recomendar inversiones en bonos en pesos, anticipando un escenario de fortalecimiento del peso. Esta reacción se dio en paralelo a la medida del Gobierno y puede anticipar un nuevo ciclo de “carry trade”, aunque con los riesgos que eso implica, como ya ocurrió en 2018.
El Gobierno apuesta a que esta etapa del plan, denominada por algunos como “Fase 3”, marque el principio del fin del cepo y siente las bases para un regreso al financiamiento internacional voluntario. Esto permitiría afrontar los próximos vencimientos de deuda sin caer en default.
Sin embargo, el éxito de esta hoja de ruta dependerá no solo de la entrada de dólares, sino también de sostener el superávit fiscal, contener la inflación y mantener la confianza de los mercados. El objetivo final: restaurar el acceso al crédito internacional antes de 2026.