Francisco Javier Quintana, abogado, profesor universitario y actual Vicepresidente 2do. del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, opinó sobre la situación de Catamarca ante el avance en la Reforma Judicial.
“Lo sucedido la última semana en la provincia de Catamarca debería despertar preocupación no solo en el ámbito de la Justicia, sino de forma generalizada en toda la sociedad”, comienza diciendo Quintana en una columna de opinión que fue publicada por La Nación este lunes.
Detallando el contexto, el abogado escribe: “El Consejo de la Magistratura de Catamarca fue creado en el año 2000. Tras 20 años de funcionamiento, el gobierno provincial decidió, en tan solo dos días, disolverlo. El Poder Legislativo local -de mayoría oficialista- así lo determinó en una sesión que se llevó a cabo a pesar de la expresa contraindicación de la Comisión de Salud de la Cámara baja, en una provincia que debió volver a la Fase 1 por un rebrote de contagios de Covid-19.
En esa misma sesión, se aprobó también la ampliación de la Corte provincial de cinco a siete miembros, lo que obviamente implica un mayor gasto para el Estado, siendo que en 2016 ya había sufrido una modificación similar (de tres a cinco). El objetivo inicial de la sesión era tratar la campaña para la promoción de donación voluntaria de plasma. De hecho, ninguno de los dos polémicos temas propuestos y aprobados por el oficialismo habían sido debatidos en comisión o incluidos en el temario previamente”.
“El avance de la política sobre la Justicia en esa provincia resonó a nivel nacional y se presenta como un peligroso antecedente para la convivencia de los diferentes poderes del Estado en nuestro país”, expresó.
“Catamarca pasa así a ser la única provincia que en democracia decide disolver el Consejo de la Magistratura, órgano plural y con representación de distintos estamentos, encargado de garantizar la independencia del Poder Judicial y la eficaz administración de justicia. Órgano de alto valor institucional que además ha demostrado ser de vital relevancia y efectivo en el funcionamiento del Poder Judicial de distintas provincias.
Esta decisión adoptada por el gobierno provincial es de gravedad institucional y un mal antecedente no solo para el resto de las provincias, sino también – y principalmente – como preludio de un debate a nivel nacional sobre la tan anunciada Reforma Judicial. Este tipo de sucesos no nos permite, lamentablemente, ser demasiado optimistas al respecto”. espetó.
Para cerrar, reflexionó: “Que ni el Presidente de la Nación ni ningún funcionario de la cartera de Justicia se manifiesten de forma explícita y repudien lo ocurrido en Catamarca, que incluso es de su mismo signo político, hace anticipar una Reforma Judicial que probablemente esté muy lejos de cumplir con los altos estándares esperados por todos los argentinos. Es un silencio que preocupa”.
