En un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto, la Cámara de Diputados emitió este martes un dictamen de mayoría para declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa, presentada por bloques opositores, será debatida en el recinto el próximo 14 de mayo.
El dictamen principal fue acompañado por 59 legisladores pertenecientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. A su vez, se presentaron dictámenes de minoría por parte del PRO (14 firmas), Democracia para Siempre (8 firmas) y la UCR (7 firmas).
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (UxP), advirtió sobre la crítica situación del sector: “No se actualizan las retribuciones para los prestadores de servicios —transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares— ni los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos”.
En ese sentido, denunció que esos trabajadores “cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023”, y cuestionó el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Le han pedido un nivel de ajuste tal que no es posible cumplir con las auditorías”.
Además, Arroyo puso el foco en la situación de las pensiones no contributivas, indicando que “en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes”. Sobre el funcionamiento de las auditorías, explicó: “Está claro que hay personas que han accedido a una pensión y no les correspondía. Pero no están haciendo las auditorías como deberían, porque no identifican a los médicos que han dado cantidad de certificados por encima del promedio y evaluar la situación o las localidades donde se está claramente por encima del promedio”.
En paralelo al tratamiento legislativo, se realizaron movilizaciones en distintos puntos del país, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe, Mendoza y Neuquén. Las organizaciones de personas con discapacidad exigieron la aprobación del proyecto para garantizar derechos y condiciones dignas.
Frente al avance de la iniciativa, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió un comunicado en el que expresó su “enérgico rechazo” al proyecto, al considerar que “apela a un modo asistencialista que ya fracasó”. Desde el organismo sostuvieron que “es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad”.