El Gobierno anunció este lunes nuevos bonos dirigidos a sectores vulnerables, con el objetivo de amortiguar el impacto de la aceleración inflacionaria sobre los ingresos. Ahora la discusión entre los economistas gira en torno al financiamiento de dicha ayuda monetaria, el cual podría afectar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e impactar sobre variables macroeconómicas claves como el dólar y la inflación.
Concretamente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que los trabajadores informales, los trabajadores de casas particulares, y los monotributistas de clases A y B recibirán dos cuotas de $9.000, mientras que los jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas tendrán un refuerzo de $12.000, que se sumará al bono anterior de $6.000.
Según Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estas nuevas transferencias implicarían un gasto extra de entre $176.000 millones y $235.000 millones, equivalente a entre 0,25% y 0,33% del PBI estimado para este año.
“Teniendo en cuenta la meta de reducir el déficit primario anual del 3% del PBI en 2021 al 2,5% en 2022, se comprometió una reducción del rojo primario equivalente al 0,5% del producto. El anuncio de ayer equivale entonces a entre la mitad y las dos terceras partes de toda la corrección anual acordada con el FMI”, profundizó Argañaraz.
En el mismo sentido, un informe de Delphos Investment remarcó que el costo fiscal de los bonos sería de entre $170.000 millones y $200.000 millones, es decir, un 0,3% del PBI.
Si bien esta erogación adicional podría presionar sobre las cuentas fiscales, el Poder Ejecutivo anticipó también que habrá un impuesto “a la renta inesperada”, sobre el conjunto de empresas cuyas ganancias netas en el 2022 resulten superiores a los $1.000 millones y que exhiban un margen de ganancias “anormalmente elevado” debido a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Todavía no se presentaron detalles sobre la letra chica del impuesto y la magnitud de lo que podría recaudar a través de él, aunque se prevé que se apoye en la arquitectura legal del Aporte Solidario Extraordinario del año pasado.
“Descontamos que esta iniciativa tiene el visto bueno del FMI. Sin embargo, deberá pasar por el Congreso, cuyos tiempos resultan inciertos considerando el probable desacuerdo de los bloques opositores. Por ello vemos una aceleración del gasto público social con recursos que se recaudarían algunos meses después (probablemente a partir de julio), lo que incrementa el déficit fiscal en el corto plazo”, advirtieron desde Delphos.
