La llegada de Augusto Barros al Poder Judicial como fiscal de Cámara, es un paso más en el incontenible proceso de colonización de la Justicia por parte del gobierno, que como una comunidad de termitas fue comiendo los cimientos judiciales para aniquilar cualquier imparcialidad y convertirlo en una sucursal del Partido Justicialista.
Toda una postal de lo que ocurre se vio en la jura de Augusto, exlegislador y nada menos que apoderado por años del Partido Justicialista, jurando frente a Hernán Martel, exconcejal, funcionario municipal y ministro de gobierno del Partido Justicialista, Miguel Figueroa Vicario, ex legislador y exasesor de Gobierno del Partido Justicialista, Fabiana Gómez, esposa de un intendente del Partido Justicialista, etc., etc.
En el camino, se dinamitó el Consejo de la Magistratura, hubo dos ampliaciones de la Corte de Justicia y se avanzó en juzgados de paz y cuanta oficina se pudo, sin olvidar que al mismo tiempo se coparon organismos de control como el Tribunal de Cuentas.
Unas pocas voces se levantan para protestar sin que a nadie le importe. Por ejemplo la del legislador nacional y presidente de la UCR, Francisco Monti, quien no duda al denunciar que se puso en marcha “un sistema perverso que tiene como finalidad designar jueces y fiscales a dedo por parte del gobierno de Raúl Jalil” y reclamó que “el Poder Judicial debe dejar de ser un nicho para acomodar punteros y amigos del poder de turno”.
Es muy grave la situación: una Justicia adicta al poder no es justicia. Una justicia que está sometida a un sector partidario, una justicia que debe favores al Ejecutivo, que responde a un gobierno, destruye la democracia y el republicanismo.
La Constitución no habla del principio de división de poderes por capricho: es porque de otra manera no funciona, porque si los funcionarios de más altos cargos levantan el teléfono y dan órdenes a una justicia llena de amigos, significa que todo el sistema está podrido.
Ellos miran para otro lado, hacen como si nada pasara. Y creen que nadie se da cuenta. Es una vergüenza total, un avasallamiento intolerable, un festival de acomodos que convierten las leyes y el espíritu democrático en letra muerta.
Desaforados del poder arrasan con todo. Y se controlan y “juzgan” ellos mismos. Por algo será que les preocupa tanto asegurarse impunidad.